Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal y Conservador decidieron no asistir a la reunión convocada por el gobierno para discutir las garantías de seguridad electoral, alegando falta de confianza en el presidente Gustavo Petro y sus recientes posturas políticas.
La polarización política en Colombia se agudiza tras el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Este lunes 9 de junio, cuatro de los principales partidos de oposición —Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador y Centro Democrático— se negaron a asistir a una reunión convocada por el presidente Gustavo Petro, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti.
La cita tenía como objetivo discutir las garantías de seguridad para las próximas elecciones, especialmente tras el grave atentado que mantiene a Uribe en estado crítico. Sin embargo, la oposición considera que no hay condiciones políticas para un diálogo constructivo con el actual gobierno. Cambio Radical calificó su ausencia como un “acto de protesta” y responsabilizó a Petro de incitar al odio político.
El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, cuestionó duramente la convocatoria: “¿A qué va el Partido a la reunión? ¿A verlo convertirse en dictador?”. Por su parte, el Partido Conservador fue más mesurado, pero insistió en que el Ejecutivo debe evitar “alusiones sesgadas” si realmente busca construir consensos sobre la seguridad democrática.
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, aclaró que su colectividad no asistió no por desatención, sino por respeto al momento crítico que atraviesa Miguel Uribe: “No estamos listos para esa conversación. Hoy estamos concentrados en su recuperación”, expresó.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en que la reunión era un espacio institucional, no político. Afirmó que asistirían todas las entidades de control y seguridad del país, incluyendo Fiscalía, Policía, Ejército y Registraduría. “Las garantías electorales nos competen a todos”, dijo.
Sin embargo, la ausencia de los partidos opositores refleja una desconfianza profunda hacia el liderazgo presidencial. Algunos líderes de oposición aseguran que el discurso polarizante de Petro ha debilitado el clima democrático, justo cuando el país atraviesa una coyuntura electoral y de seguridad crítica.
El gobierno nacional enfrenta ahora el reto de desescalar el conflicto político, en medio de una estrategia que combina la presión legislativa con la amenaza de decretos y consultas populares. Una táctica que, aunque busca consolidar reformas, también exacerba la división con quienes reclaman garantías mínimas para competir electoralmente.
El atentado a Miguel Uribe ha dejado en evidencia la fragilidad del ambiente político y la urgente necesidad de restablecer canales de diálogo. El gesto de la oposición puede interpretarse como una advertencia de que, sin un giro en el tono del gobierno, la polarización seguirá escalando de cara a las elecciones de 2026.
Mientras tanto, se multiplican las marchas en apoyo a Uribe y aumentan las denuncias de omisiones por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las tensiones entre los sectores políticos parecen haber llegado a un punto crítico, justo cuando el país necesita respuestas institucionales ante la violencia y la incertidumbre electoral.
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