Convenios sin licitación, contratistas favorecidos y presuntos sobrecostos en hospitales públicos del Tolima son objeto de investigaciones penales. La Contraloría, Fiscalía y Corte Suprema rastrean el destino de los millonarios recursos que el exgobernador habría ejecutado en medio de la pandemia y su posterior gestión.
La gestión del exgobernador del Tolima, Ricardo Orozco, enfrenta un escándalo de grandes proporciones por la ejecución de más de $609 mil millones destinados al sector salud. Lo que inicialmente fue promovido como una inversión histórica para enfrentar la pandemia, hoy se encuentra en el centro de investigaciones por posibles actos de corrupción.
Durante su mandato (2020-2023), Orozco destinó recursos a convenios con hospitales públicos como el Federico Lleras y otras entidades del nivel dos en el departamento. No obstante, estos contratos prescindieron de licitación pública, lo que generó alertas por parte de entes de control, dado que podrían haberse configurado esquemas clientelistas y favorecimiento indebido.
Una de las denuncias más graves involucra a Discolmets, empresa que habría recibido más de $126 mil millones en contratos de suministro, supuestamente blindados contra la competencia. Otras firmas como LJR Temporales SAS e Industrias Herranco SAS habrían facturado más de $237 mil millones mediante adjudicaciones directas, sin claridad sobre el proceso de selección.
Familias como los Serna Ramírez y Pulido Peña también aparecen en los registros de beneficiarios con millonarios contratos, lo que sugiere una posible red de intereses políticos y económicos en torno al manejo de la red hospitalaria. Aunque aún no se han formulado cargos formales, los hallazgos ya motivaron el inicio de indagaciones por parte de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
El uso de regímenes especiales durante la pandemia permitió a Orozco contratar sin procesos públicos, lo que, si bien era legal bajo la emergencia, ha sido criticado por la falta de control y transparencia. Este modelo se utilizó para adquirir mercados, insumos médicos y servicios, en muchos casos sin evidencia de planeación ni criterios técnicos.
Fuentes cercanas a la Corte Suprema confirmaron que se está conformando una comisión para realizar visitas al Tolima e investigar sobre el terreno la ejecución de los recursos. La Fiscalía, por su parte, ya abrió indagaciones preliminares a partir de las denuncias del abogado Rodolfo Salas, director jurídico del Ministerio de Salud.
El caso ha generado revuelo no solo por el monto comprometido, sino por la figura de Orozco, quien ha manifestado intenciones de volver a aspirar a cargos de elección popular. Su cercanía con el senador Óscar Barreto, también investigado por corrupción, agrava el panorama político de su sector.
La opinión pública tolimense empieza a cuestionar cómo se invirtieron los recursos durante una crisis sanitaria tan delicada. Aunque Orozco sostiene que “cada peso se invirtió en salvar vidas”, los entes de control parecen tener una visión distinta, al detectar patrones irregulares que podrían configurar delitos contra la administración pública.
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