Durante la instalación de la audiencia preparatoria ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Ibagué, el abogado defensor de José Wilson Barreto Rodríguez, acusado por el homicidio de la niña Danna Sofía y su tío Fabián Ricardo Olaya Bermúdez, solicitó una evaluación psicológica del acusado. La medida fue anunciada en un contexto en el que Barreto Rodríguez se encuentra recluido en la Cárcel de Cómbita, Boyacá, bajo medidas de seguridad especiales debido a amenazas contra su vida.
El abogado defensor no pudo conectarse durante la diligencia judicial, pero sostuvo una conversación con el juez de conocimiento, quien informó que el profesional del derecho solicitó la suspensión de la audiencia y pidió un plazo de dos meses para retomarla. De esta manera, la audiencia fue programada para septiembre próximo. Asimismo, se espera que Barreto Rodríguez sea sometido a una evaluación psicológica forense, que será llevada a cabo por los dos únicos profesionales asignados por la Defensoría del Pueblo en el país.
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El acusado enfrenta cargos graves que incluyen feminicidio agravado, homicidio agravado, acceso carnal violento agravado con menor de 14 años, acceso carnal violento, destrucción y ocultamiento de elementos materiales de prueba, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. José Wilson Barreto Rodríguez es investigado por el asesinato de la pequeña Danna Sofía y su tío Fabián Ricardo Olaya Bermúdez, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en un inquilinato ubicado en el barrio San Pedro Alejandrino de Ibagué.
La solicitud de evaluación psicológica del acusado busca arrojar luz sobre su estado mental y comprender los motivos detrás de este trágico suceso. La espera hasta septiembre permitirá recopilar más pruebas y garantizar que el proceso judicial se realice de manera adecuada, asegurando el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia en este caso que ha impactado a toda la ciudad.
El asesinato de Danna Sofía y Fabián Ricardo ha despertado una gran indignación en Ibagué, generando un llamado a la reflexión sobre la protección de los derechos de los niños y la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y atención en casos de violencia. La evaluación psicológica solicitada servirá como un instrumento para comprender el perfil psicológico del acusado y aportar elementos adicionales en el proceso judicial. La sociedad ibaguereña espera que se haga justicia y que este caso siente un precedente en la lucha contra la violencia infantil y el respeto a la vida.
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