La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato del puente elevado de la calle 60, el cual tiene un valor de $40.000 millones. Esta acción se da luego de la denuncia realizada por este medio de comunicación el pasado domingo.
La investigación se centra en los funcionarios de la Alcaldía Municipal y busca determinar si hubo desconocimiento de las reglas establecidas en el pliego de condiciones durante el proceso de licitación. La Procuraduría tiene como objetivo esclarecer si el comité evaluador no cumplió con las normas, lo que habría llevado al rechazo de la propuesta presentada por el Consorcio Puente MVM.
Según la Procuraduría, el representante legal de la empresa afirmó que “la entidad no dispuso una regla de valoración de porcentaje de experiencia frente al presupuesto oficial donde se hiciera distinción entre experiencia específica y general”.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ha ordenado la realización de pruebas para identificar a los posibles responsables de las faltas disciplinarias y para esclarecer los hechos en cuestión.
El contrato del puente elevado de la calle 60 tiene una inversión de $40.000 millones y un plazo de construcción de ocho meses. La obra, cuyo objetivo es mejorar la movilidad en el sector, fue inaugurada el pasado 8 de mayo por el alcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera.
El consorcio Puente Carrera Quinta será el encargado de ejecutar este proyecto. Sin embargo, se han abierto interrogantes sobre las presuntas irregularidades en el proceso de licitación y la falta de claridad en las reglas de valoración de la experiencia de los proponentes.
La investigación de la Procuraduría busca esclarecer si hubo fallas en el proceso de licitación y si se cumplieron adecuadamente las normas establecidas en el pliego de condiciones. Las pruebas que se practicarán permitirán identificar a los posibles responsables y determinar si se cometieron faltas disciplinarias en este caso.
Las irregularidades en contratos de obras públicas son motivo de preocupación, ya que afectan el buen uso de los recursos públicos y pueden comprometer la calidad y la transparencia de los proyectos.
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