La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema abrió una investigación penal contra el exgobernador del Tolima por supuestas anomalías en convenios del sector salud, originadas en denuncias del Ministerio de Salud y hechos reportados desde 2019.
La Fiscalía General de la Nación confirmó el inicio de una investigación penal contra el exgobernador del Tolima, Ricardo Orozco, por presuntas irregularidades en contratos del sector salud suscritos durante su administración, entre 2020 y 2023. El proceso quedó en manos de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia debido al fuero especial del exmandatario.
El Ministerio de Salud, a través de su director jurídico, Rodolfo Salas, recibió la notificación oficial sobre la asignación de la denuncia penal por reparto. El documento fue firmado por Jaime Andrés Ardila Sierra, asistente de la fiscal delegada, y detalla que los hechos investigados se concentrarían en el primer año de gobierno de Orozco, en plena emergencia por COVID-19.
Las acusaciones señalan un posible direccionamiento de contratos para la atención en salud, con algunos señalamientos que se remontan incluso a finales de 2019. En esa época, el entonces alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, llegó a tildar a Orozco como “jefe del cartel de la salud del Tolima”, lo que generó un fuerte debate público en la región.
Diversos medios regionales y nacionales han publicado reportajes que documentan presuntas anomalías en la adjudicación de convenios y contratos. Durante la pandemia, la administración departamental suscribió acuerdos por montos millonarios que hoy están bajo la lupa de la justicia.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha reiterado en varias ocasiones que existieron actuaciones irregulares en la gestión de estos recursos. En una visita reciente a Fresno, donde entregó una ambulancia y recursos para el hospital local, señaló que Orozco deberá responder por más de $609 mil millones contratados en su periodo de gobierno.
La denuncia del Ministerio se suma a otras indagaciones adelantadas por entes de control. La Fiscalía revisará contratos, documentos y testimonios para determinar si hubo delitos contra la administración pública, como celebración indebida de contratos o peculado.
Por tratarse de un funcionario con fuero especial, el proceso será tramitado directamente ante la Corte Suprema de Justicia, lo que agiliza la etapa inicial, pero exige un alto estándar probatorio. La defensa de Orozco aún no ha emitido declaraciones oficiales frente a esta investigación.
Sectores de la sociedad civil y líderes del Tolima han expresado su expectativa por el esclarecimiento de los hechos, subrayando la necesidad de que se determinen responsabilidades y se protejan los recursos destinados a la salud pública. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene reserva sobre las pruebas recopiladas y los pasos siguientes del caso.
-TV STREAMIGN REGIONAL -
TRANSFORMA TU VIEJO TV EN SMART
GANA DINERO CON TU TRÁFICO
