La Otra Verdad rectifica que, al 22 de abril de 2025 (actualizado el 9 de junio), no existía sanción firme contra Antonio Fajardo Rico; la información se basó en una denuncia reservada que está bajo investigación y será remitida a la Auditoría General de la República, respetando la presunción de inocencia y la reserva legal.
LOV EDICIONES S.A.S. dueña de la marca comercial LAOTRAVERDAD.CO, se permite acusar recibo de su solicitud de rectificación, identificada en su comunicación el 19 de mayo del 2025, en la cual se aducen imprecisiones relativas a la información difundida en el artículo titulado “Denuncian presunto archivo irregular de procesos fiscales en la Contraloría de Ibagué…” (22 de abril de 2025), publicado en Infobae con base en reportes de nuestro medio. En ejercicio del derecho de rectificación y en estricto cumplimiento del artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 29 de 1944, La Otra Verdad presenta las siguientes precisiones sobre la información publicada el 22 de abril de 2025, y ajustada y actualizada el 9 de junio de 2025.
“En relación con la nota donde hace referencia al señor Antonio Fajardo Rico esposo de la Contralora Municipal de Ibagué, Edna M. Murcia Mejía, rectificamos y aclaramos lo siguiente: Al momento de la publicación fechada el 22 de abril de 2025, y respectivamente ajustada y actualizada el 9 de junio del 2025, no existía ninguna decisión disciplinaria, fiscal o penal en firme en su contra. La información difundida se basó en la denuncia presentada por el veedor José René Pérez Ortegón, que involucra a la Contralora Municipal Edna M. Murcia Mejía (esposa del señor Fajardo) en la investigación por presunto uso indebido de bienes oficiales o funciones. En ningún tramo del artículo se afirmó que el señor Fajardo perteneciera al denominado “Clan Hurtado”, ni se dieron por probados los hechos a su nombre. Reiteramos la presunción de inocencia del señor Fajardo y lamentamos cualquier interpretación equivocada. La investigación señalada sigue su curso en los entes de control como lo señala la Contraloría Departamental del Tolima en la Contestación del 9 de junio del 2025 donde señala que “No obstante, como se allega la petición presentada por el señor José Rene Pérez Ortegón donde se presenta denuncia por posible detrimento fiscal en la Contraloría Municipal de Ibagué, se dará traslado a la Auditoría General de la República como ente de control fiscal competente para auditar a la contraloría municipal, para el análisis y pronunciamiento al respecto, de conformidad con el artículo 21 de la ley 1755 de 2015 y artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015”. Reiteramos que hasta la fecha, el señor Antonio Fajardo Rico no ha sido objeto de sanción alguna. Con esta aclaración, reiteramos nuestro compromiso con la libertad de prensa, la imparcialidad y la responsabilidad social de los medios”.
Cabe destacar que la denuncia original fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General por el veedor ciudadano José René Pérez Ortegón, mediante una carta y que por reserva del sumario no es procedente entregar sus documentos de investigación al público.
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La Contraloría Departamental del Tolima, en su contestación del 9 de junio de 2025, confirmó que la denuncia por posible detrimento fiscal será remitida a la Auditoría General de la República para su análisis, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 y los artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015.
Reiteramos que, conforme al habeas data (artículo 15 C.P. y Ley 1581 de 2012), la divulgación de información personal o reservada sin autorización vulnera la protección de datos y la privacidad de las partes involucradas.
Nuestra línea editorial respeta la presunción de inocencia y la imparcialidad informativa: en ningún momento La Otra Verdad presentó los hechos denunciados como condena ni sostuvo juicios de valor sobre la responsabilidad final del señor Fajardo, además de que él tampoco tiene ninguna relación laboral o contractual con la Contraloría Municipal de Ibagué, así como lo hizo saber en la contestación del derecho de petición radicado el 19 de mayo del presente año en el correo institucional de nuestra marca periodística.
Con esta rectificación, aspiramos a restablecer la transparencia y confianza de nuestros lectores, garantizando la misma ubicación y relevancia con que se dio la nota original, y ratificando el equilibrio entre el interés público y los derechos fundamentales de las personas.
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