A cuatro años de haberse terminado, el acueducto de Armero Guayabal sigue sin resolver el problema del agua potable, y la gobernadora Adriana Magali Matiz no se pronuncia sobre los atrasos, irregularidades y la póliza que aún no se exige.
En octubre de 2018, durante la administración del exgobernador Óscar Barreto, se firmó un contrato por más de 11.096 millones de pesos para la construcción de un nuevo acueducto en Armero Guayabal, un municipio golpeado históricamente por el desabastecimiento de agua potable. A pesar de los esfuerzos iniciales y el compromiso con la comunidad, hoy, cuatro años después de la finalización de la obra, el servicio de agua sigue siendo intermitente y el proyecto enfrenta una serie de irregularidades que aún no se resuelven.
El contrato fue adjudicado al Consorcio Acueducto TMS, integrado por tres firmas con antecedentes preocupantes: Miguel Castillo Baute, vinculado con el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, y sancionado por incumplimientos; Serpaco Inverconstructores SAS, ligada a exfuncionarios del sector de agua en el Cesar; y Técnica de Constructores Civiles SAS, involucrada en el escándalo de Centros Poblados. Estas empresas no solo han sido señaladas por proyectos deficientes, sino que además han generado serias dudas sobre la calidad de la obra.
A pesar de que el proyecto debía finalizar en 10 meses, se extendió a 32 meses, culminando en julio de 2021. Sin embargo, el acta de liquidación nunca se firmó, y el trámite esencial para ejecutar la póliza de cumplimiento, que permitiría exigir reparaciones, sigue pendiente. Esta póliza vence en julio de 2026, y si no se toman acciones antes de esa fecha, el Tolima perderá esa garantía. A medida que el tiempo pasa, la obra se ha convertido en otro elefante blanco más en la región.
El silencio de la gobernadora Adriana Magali Matiz ante este problema ha generado una creciente preocupación. A pesar de que ella fue parte de la administración de Barreto, como secretaria de Desarrollo Económico, Matiz no ha emitido declaraciones sobre el fracaso del proyecto ni ha tomado medidas para garantizar la ejecución de la póliza. Esta falta de respuesta ante la crítica situación ha dejado a la comunidad de Armero Guayabal, nuevamente, sin solución a un problema que lleva años afectando su calidad de vida.
El proceso está siendo investigado por la Contraloría General de la República, que adelanta una auditoría por un posible perjuicio fiscal de más de 5.562 millones de pesos. Sin embargo, la falta de acción por parte de la gobernadora y otros funcionarios sigue alimentando las dudas sobre la verdadera voluntad política para resolver el problema del agua en la región.
El senador Ariel Ávila, quien reveló los vacíos del contrato, ha señalado que desde el inicio era evidente que la obra estaba destinada al fracaso, pero lo que no se anticipó fue la falta de controles, supervisión e interés por parte de la administración. “La falta de voluntad política para corregir el rumbo es tan evidente como la escasez de agua en la zona”, comentó Ávila.
La comunidad de Armero Guayabal sigue esperando respuestas, mientras el agua potable sigue siendo un privilegio solo para unos pocos. Los habitantes del municipio continúan sufriendo las consecuencias de una obra que no cumplió sus promesas y que hoy se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes.
El reloj sigue corriendo y la impunidad parece prevalecer, mientras los habitantes de Armero Guayabal se ven privados de uno de los derechos más básicos: el acceso al agua. Mientras tanto, la gobernadora Matiz guarda silencio y los responsables del contrato siguen sin rendir cuentas por la millonaria inversión que no ha resuelto el problema.
El futuro de la inversión y la garantía de cumplimiento de la póliza son aspectos cruciales para que Armero Guayabal deje de ser uno de los municipios más afectados por la falta de infraestructura básica en Colombia.
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