Durante esta tragedia, dos importantes escenarios deportivos de la ciudad quedaron abandonados, generando un gran impacto en la comunidad. Un excontratista identificado como Carlos Alberto Ramírez Quintero, quien también se desempeñó como director de Typsa, fue acusado de participar en un largo prontuario delictivo relacionado con el desfalco de los Juegos Nacionales en Ibagué, ocurrido hace ocho años.
El fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional presentó las acusaciones ante un juez de conocimiento, en las cuales se le imputan cargos a Ramírez por delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
De acuerdo con las investigaciones, Ramírez habría actuado como intermediario para favorecer a ciertas empresas en la licitación de la interventoría de las obras que se llevarían a cabo durante los Juegos Deportivos Nacionales en 2015. Específicamente, las obras estaban destinadas a la carrera Quinta con calle 42, donde se encontraban las Piscinas Olímpicas, y en el Parque Deportivo de la ciudad.
Junto a Ramírez, también se vinculó a Jorge Orlando Navarrete y Orlando Arciniegas Lagos, quienes supuestamente habrían colaborado en el direccionamiento del pliego de condiciones para beneficiar a las empresas favorecidas. A cambio, Ramírez habría recibido una suma cercana a los $34 millones. Aunque el proceso judicial ha sido complejo, finalmente se ha fijado la audiencia preparatoria de juicio para septiembre próximo, donde se espera que se presenten más detalles sobre el caso y las pruebas que respaldan las acusaciones.
Es importante destacar que, a pesar de las acusaciones que recaen sobre Ramírez, en diciembre de 2018, un juez le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria. Esto se debió a las presuntas amenazas de muerte que habría recibido mientras se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Picaleña, donde permaneció privado de su libertad durante aproximadamente 15 meses.
Finalmente, este caso ha generado gran conmoción en la comunidad de Ibagué, especialmente entre aquellos afectados por el desfalco y quienes esperan que se haga justicia ante las presuntas irregularidades en la contratación que afectaron la ejecución de importantes obras deportivas en la ciudad. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer completamente los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.
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