Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y actual superintendente delegada para prestadores, fue señalada por el periodista Daniel Coronell de intervenir indebidamente en contratos públicos y forzar decisiones dentro de la Superintendencia de Salud, según revelaciones de la Revista Cambio.
Una nueva polémica sacude al sector salud del país. Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido señalada por presunto abuso de poder al interior de la Superintendencia Nacional de Salud, según una investigación periodística revelada por Daniel Coronell en la Revista Cambio.
Gómez Consuegra, quien se desempeña como superintendente delegada para prestadores de servicios, habría tomado decisiones que no le corresponden a su cargo, ejerciendo presiones sobre funcionarios para forzar la firma de un contrato estatal por 55.000 millones de pesos, destinado a la adquisición de un buque hospital para atender comunidades del Amazonas.
El contrato en cuestión debía ser gestionado directamente por el Ministerio de Salud. No obstante, según Cambio, Gómez Consuegra habría ordenado avanzar con la firma del convenio sin que existiera viabilidad técnica ni jurídica, ni garantías presupuestales para su ejecución. Funcionarios de la intervención al Hospital San Rafael de Leticia advirtieron sobre los riesgos.
Entre quienes alertaron sobre la situación están Lina Baracaldo, agente interventora del hospital, y Mario Castro, asesor jurídico, quienes advirtieron que el proyecto podría poner en riesgo financiero a la institución. A pesar de estas advertencias, Gómez habría insistido en firmar. En una grabación publicada por Cambio, una voz atribuida a ella amenaza: “Ustedes firman hoy (…) o mañana me presentan la renuncia”.
Cuatro días después de la supuesta llamada, Lina Baracaldo fue removida del cargo por resolución de la SuperSalud. Su reemplazo, Dennis Amparo Vásquez Arias, tendría vínculos políticos con sectores del Tolima, departamento del cual es oriundo el ministro Jaramillo. Esta decisión generó cuestionamientos sobre posibles prácticas de clientelismo y nepotismo.
Consultada por la Revista Cambio, Gómez Consuegra negó haber realizado la llamada y aseguró que el proyecto pertenece al Ministerio, no a la Superintendencia. Sin embargo, ante el audio revelado, dijo no reconocer su voz, pese a que el medio insiste en que coincide plenamente con la suya.
El escándalo se intensificó cuando el ministro Guillermo Jaramillo reaccionó públicamente en defensa de su esposa, asegurando que los señalamientos son “ataques machistas” que intentan desacreditar la trayectoria profesional de Gómez. Reiteró que su nombramiento se dio antes de su llegada al ministerio y que no existe conflicto de interés, según concepto de Función Pública.
“La doctora Gómez tiene una carrera profesional sólida y no puede ser reducida a un papel secundario por ser mi esposa”, escribió Jaramillo en su cuenta de X (antes Twitter), señalando que la denuncia hace parte de una campaña de desprestigio político contra su gestión y su familia.
Pese a la gravedad de las denuncias, ni el Ministerio de Salud ni la Superintendencia han emitido comunicados oficiales para esclarecer el asunto. Entre tanto, la controversia ha abierto el debate sobre los límites del poder en cargos públicos y el impacto del nepotismo en la gestión estatal.
La ciudadanía y organizaciones veedoras exigen claridad sobre el uso de recursos públicos y responsabilidades administrativas, especialmente en un sector tan sensible como la salud. El caso sigue en desarrollo mientras crecen las presiones para que se investigue a fondo el posible uso indebido de cargos públicos en beneficio personal o político.