La adjudicación por $36.630 millones para la nueva sede sur de la Universidad del Tolima en Chaparral, otorgada por Findeter al Consorcio Chaparral 2025, generó alertas por presuntas prácticas de competencia simulada entre empresas con vínculos comunes que, en conjunto, han obtenido contratos por más de $83.000 millones en menos de un mes.
La adjudicación del contrato para la construcción de la nueva sede sur de la Universidad del Tolima en Chaparral encendió las alertas en distintos sectores por un posible caso de concentración irregular de contratación pública. El proyecto, valorado en $36.630 millones, fue asignado por la Findeter al Consorcio Chaparral 2025, integrado por Ingeniería MRG SAS y Fainco SAS.
La preocupación surge porque, en menos de un mes, el mismo entorno empresarial —a través de diferentes firmas y consorcios— habría obtenido cuatro contratos adjudicados por Findeter que superan en conjunto los $83.000 millones. Esta situación ha despertado cuestionamientos sobre la real independencia entre los oferentes que participan en estos procesos.
De acuerdo con la revisión de varios procesos contractuales de 2025, empresas como Ingeniería MRG SAS, Fainco SAS, Constructora VM SAS, Constructores y Consultores Santamaría SAS y Uniforce SAS aparecen compitiendo entre sí en algunas licitaciones y asociándose en otras. En ciertos casos, incluso alternan roles como rivales o aliadas dentro de distintos consorcios.
Además, se han señalado presuntos vínculos familiares y coincidencias en representantes legales entre algunas de estas compañías, lo que ha llevado a plantear la hipótesis de posibles “consorcios espejo”, figura asociada a esquemas de colusión donde se simula competencia para concentrar adjudicaciones.
El proyecto en Chaparral es considerado una de las obras educativas más ambiciosas del departamento. Contempla la construcción de más de 13.000 metros cuadrados de infraestructura y la habilitación de 1.450 nuevos cupos universitarios, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior en el sur del Tolima.
En la etapa final de la licitación quedaron dos consorcios conformados por empresas del mismo entorno empresarial, compitiendo formalmente entre sí. Finalmente, el contrato fue adjudicado nuevamente a MRG y Fainco, lo que reforzó las inquietudes sobre la dinámica competitiva del proceso.
Organizaciones como la Corporación GirarColombia ONG presentaron denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando investigar posibles prácticas de colusión y restricción de la libre competencia en la contratación pública.
Aunque Findeter ha señalado que no tiene competencia directa para investigar acuerdos colusorios y que presume la buena fe de los proponentes, críticos consideran que la reiteración de patrones similares en procesos realizados en Valle del Cauca, Bucaramanga, Risaralda y Nariño amerita una revisión más exhaustiva por parte de los organismos de control. El debate ahora se centra en determinar si se trata de coincidencias empresariales legítimas o de un esquema estructurado para concentrar contratos públicos millonarios.
