La veeduría VAPI ha puesto en tela de juicio el proceso de construcción del tanque en la Zona Industrial de Ibagué, a pesar de los anuncios triunfantes del IBAL hace un mes. Según Luis Fernando Díaz, ingeniero y representante legal de la veeduría, las autoridades no han sido transparentes ni han aclarado quién será responsable del hurto de la cimentación de acero del tanque, que se estima en $357 millones.
El lugar donde se construirá el tanque fue escenario de un robo continuado que representaría el 63% del acero que se utilizaría. Durante años, esta zona permaneció abandonada y sin vigilancia después de que la obra inicial fuera suspendida en 2019.
La legalidad de la adjudicación del contrato de $7.400 millones por parte del IBAL también es puesta en duda por la veeduría. Aunque el consorcio Aqua Sol tenía la pretensión de obtener el proyecto, finalmente el consorcio Zona Industrial 2023, del cual el integrante mayoritario ya ha trabajado con el IBAL en otras obras, resultó favorecido. Según Díaz, el segundo proponente, Aqua Sol, no pudo presentar su propuesta financiera debido a problemas en la plataforma, pero el IBAL decidió adjudicar el contrato sin ampliar el plazo.
La integridad del tanque también es motivo de preocupación. Aunque la gerencia del IBAL informó que el tanque fue entregado a la Alcaldía después de resolver un “enredo jurídico” y que se realizó una inspección para verificar que todas las piezas estuvieran completas y bien selladas, la veeduría señala que no se hizo una revisión detallada del estado del material. Además, se cuestiona si el tanque aún cuenta con la póliza de calidad y garantía de los materiales.
Hasta el momento, las autoridades competentes no han dado respuestas claras a las inquietudes planteadas. La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, como ordenadora del gasto, debería responder a estas preocupaciones, pero hasta el cierre de esta edición no se ha obtenido una respuesta.
Finalmente, la incertidumbre persiste sobre quién será responsable de las obligaciones y los pagos, incluyendo el arrendamiento en el que estuvo guardado el tanque, ya que la liquidación del contrato de 2015 se encuentra en trámite. A pesar de las observaciones y los cuestionamientos sobre el millonario hurto del acero y el proceso licitatorio, no se han obtenido respuestas satisfactorias por parte de las autoridades pertinentes.
