La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra el alcalde de Cajamarca, Tolima, Camilo Ernesto Valencia Agudelo, y Jaiver Arturo Pachón Reina, recientemente designado como director de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. La investigación se centra en la posible inhabilidad de Pachón Reina para ejercer cargos públicos debido a una condena penal previa.
Pachón Reina habría sido condenado penalmente por el delito de tortura a soldados regulares en Honda, Tolima, y destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría. La inhabilidad de Pachón Reina estaría vigente hasta el 21 de octubre de 2027, lo que le impediría ocupar el cargo directivo que actualmente desempeña.
Ante esta situación, la Procuraduría ha solicitado diversas pruebas como parte de la investigación. Se ha ordenado la presentación de los documentos que Pachón Reina entregó al momento de su posesión, así como información sobre el servidor público o contratista encargado de verificar dicha documentación.
Además, la Procuraduría ha requerido copia del acta o informe que demuestre si se cumplió con la verificación documental necesaria para el nombramiento y posesión de Pachón Reina. Estas medidas buscan esclarecer si se siguieron los procedimientos adecuados al momento de su designación.
El alcalde Camilo Valencia Agudelo enfrenta cuestionamientos por la posible omisión en la revisión de las inhabilidades e incompatibilidades de Pachón Reina. De confirmarse la inhabilidad de Pachón Reina, esto podría tener serias implicaciones legales y administrativas para ambos funcionarios.
Este caso subraya la importancia de una verificación rigurosa de antecedentes y el cumplimiento de los requisitos legales para el nombramiento de funcionarios públicos. La transparencia y el cumplimiento de la ley son esenciales para garantizar la confianza en las instituciones públicas y evitar situaciones que puedan comprometer la gestión administrativa.
La Procuraduría continuará con la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y tomar las acciones necesarias en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas.
