El Tribunal Administrativo del Tolima sancionó a Johana Ximena Aranda Rivera por incumplir un fallo judicial relacionado con la reubicación de predios y obras públicas. La alcaldesa deberá cumplir arresto intramural en el Comando de la Policía Metropolitana.
El Tribunal Administrativo del Tolima impuso una sanción de 15 días de arresto intramural contra la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, por desacato a órdenes judiciales emitidas el 20 de febrero de 2025. La decisión fue tomada por el magistrado José Andrés Rojas Villa tras determinarse el incumplimiento en el proceso sobre el sector conocido como Hato de la Virgen.
La medida responde a una acción popular presentada por Joaquín Augusto Torres Nieves y otros ciudadanos, en la que se solicitó hacer valer decisiones judiciales vigentes desde 2005 que obligan a las autoridades municipales a adelantar acciones de reubicación de predios y culminación de obras en los sectores ‘La Pista’ y ‘El Reposo’.
Durante una diligencia de verificación de cumplimiento celebrada el 14 de febrero de 2025, el Tribunal concluyó que no existía justificación válida para el incumplimiento. La Sala Unitaria escuchó a los intervinientes, entre ellos la directora de Cortolima y la alcaldesa, y determinó que la administración local no actuó conforme a lo ordenado por la justicia.
Según lo resuelto, la sanción deberá cumplirse en el Comando de la Policía Metropolitana de Ibagué y comenzará al día siguiente de la ejecutoria de la providencia. El fallo enfatiza que la sanción se impone por desobedecer órdenes judiciales y no por cuestiones de gestión política.
El documento indica que la falta de cumplimiento ha imposibilitado que el juez verifique los avances en la reubicación y ejecución de obras, manteniéndose así la violación de los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la seguridad y a la salud pública.
El caso refleja también una posible negligencia del equipo jurídico de la Alcaldía, que no habría respondido adecuadamente a las tutelas y acciones legales presentadas, lo que agravó la situación de la mandataria frente al Tribunal.
El magistrado Rojas Villa subrayó que este tipo de desacatos mina la credibilidad de la justicia y vulnera los principios de la función pública, reiterando que el cumplimiento de fallos no es opcional sino obligatorio para todos los servidores públicos.
El Tribunal también ordenó notificar personalmente esta decisión a la alcaldesa, a las partes intervinientes y a entidades como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para garantizar el cumplimiento inmediato del fallo.
Esta es la primera vez que una autoridad electa en Ibagué enfrenta una medida de arresto por desacato, marcando un precedente en la exigencia de responsabilidad frente a la protección de los derechos colectivos.
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