La alcaldesa de Mariquita, Martha Amaya, se encuentra en el centro de una controversia tras la firma del convenio de asociación 072, destinado al programa Centro Vida, que apoya a adultos mayores. El contrato, firmado el 12 de abril de 2024, por un valor de 481 millones de pesos, involucra a la Fundación Colombiana Casa Belén, una entidad que, según denuncias, no cumple con los requisitos legales para este tipo de acuerdos.
Juan Camilo Herrera Valencia, líder juvenil y veedor ciudadano, fue quien sacó a la luz esta situación. Según Herrera, la Fundación Colombiana Casa Belén se creó hace apenas un año y no tiene experiencia en el manejo de fondos públicos. “La experiencia que aporta es autocertificada, lo cual es altamente irregular. Además, al revisar el certificado de la Cámara de Comercio, encontramos que el patrimonio de la fundación es de apenas un millón de pesos”, indicó.
El contrato establece que la Alcaldía de Mariquita aporta 370 millones de pesos, mientras que la fundación contribuye con 111 millones. La legalidad de este convenio ha sido cuestionada por Herrera, quien asegura que se trata de una clara violación de las normas de contratación pública. “Es inaceptable que se asignen recursos públicos a una entidad sin la capacidad técnica y financiera adecuada”, agregó.
La Fundación Colombiana Casa Belén, representada legalmente por Miguel Eduardo Alvarino Narváez, y cuyos directivos incluyen al comunicador Olver Escobar, ha sido objeto de escrutinio desde que se conocieron los detalles del contrato. La falta de experiencia y la mínima capacidad financiera han generado dudas sobre la capacidad de la fundación para gestionar adecuadamente los fondos destinados al programa para adultos mayores.
El convenio ha despertado preocupación no solo entre los ciudadanos de Mariquita, sino también entre diversas organizaciones de control y veeduría. La asignación de fondos públicos a entidades sin la debida verificación de sus capacidades y antecedentes pone en riesgo la transparencia y eficiencia de los programas sociales.
La alcaldesa Martha Amaya aún no ha emitido una declaración oficial sobre estas acusaciones. Sin embargo, se espera que en los próximos días se pronuncie para aclarar la situación y proporcionar detalles sobre los criterios utilizados para seleccionar a la Fundación Colombiana Casa Belén como cooperante en el proyecto Centro Vida.
Las denuncias de Herrera Valencia subrayan la importancia de una gestión pública transparente y responsable. La ciudadanía de Mariquita espera que se realice una investigación exhaustiva para determinar si hubo irregularidades en la adjudicación del contrato y, de ser así, que se tomen las medidas correctivas necesarias.
Este caso resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la contratación pública, garantizando que los recursos destinados a programas sociales se manejen de manera eficiente y en beneficio de los más necesitados. La integridad en la gestión de fondos públicos es crucial para mantener la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
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