Beatriz Valencia acusa a un grupo político vinculado al senador Óscar Barreto de frenar la entrega de maquinaria prometida para la emergencia invernal, mientras el municipio enfrenta graves consecuencias por deslizamientos y cultivos arrasados.
La alcaldesa de Líbano, Beatriz Valencia, encendió la polémica y denunció públicamente la falta de respuesta del gobierno departamental en medio de una crisis humanitaria causada por los desastres invernales que afectan al municipio. Según la mandataria, la maquinaria prometida por la Gobernación del Tolima no ha llegado, y habría sido detenida por un grupo político vinculado al senador conservador Óscar Barreto.
Valencia explicó que, aunque el gobierno departamental había anunciado la entrega de un “kit de maquinaria” para la atención de emergencias hace más de dos meses, hasta la fecha no ha llegado ningún equipo. “El municipio está colapsado y el kit de maquinaria brilla por su ausencia. Dicen que está en Villahermosa, pero aquí no ha llegado ni una retroexcavadora”, denunció la alcaldesa, visiblemente molesta.
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La situación se agrava debido a la crisis en el Líbano, donde más de 100 hectáreas de cultivos de café, plátano y yuca han sido arrasadas por las lluvias. Además, 50 viviendas se han visto afectadas, tres de ellas completamente destruidas, y varias veredas han quedado incomunicadas debido a los deslizamientos en la red terciaria. Valencia subrayó que, a pesar del esfuerzo de la comunidad y la colaboración de empresas privadas, los recursos disponibles no son suficientes para atender la emergencia.
La alcaldesa acusó que el control del kit de maquinaria por parte de un grupo cercano al senador Barreto representa una clara politización de los recursos de emergencia. “¿Desde cuándo los bienes públicos los entregan los políticos?”, cuestionó, y agregó: “Esto no puede seguir ocurriendo. La emergencia no tiene colores ni camisetas”.
Los señalamientos de Valencia han provocado un revuelo en el norte del Tolima, especialmente por la falta de respuesta oficial ante la solicitud de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que, según la alcaldesa, trasladó la responsabilidad a la Gobernación. “Mientras los ciudadanos esperan ayuda, otros deciden dónde sí y dónde no llega la maquinaria, según sus intereses. Eso es inaceptable”, señaló.
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La controversia crece aún más mientras los pronósticos del IDEAM advierten que las lluvias podrían extenderse hasta el mes de julio, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de los habitantes del municipio. Valencia advirtió que, si no se toman acciones urgentes, lo próximo que podría reportarse sería la pérdida de vidas humanas.
“Esto no es un tema técnico, es un tema político. El gobierno departamental debe escuchar, actuar y dejar de privilegiar a unos municipios sobre otros por afinidades partidistas. Lo que está en juego son las vidas y el bienestar de nuestra gente”, concluyó la alcaldesa.