La Unidad Nacional de Víctimas ha exigido a la Alcaldía de Ibagué que devuelva los $1.700 millones de pesos que fueron aportados para la construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas (Cravic), una obra que no se pudo concretar.
Según Bermúdez, la obra fue declarada en incumplimiento debido a diversos inconvenientes, lo que llevó a la decisión de no renovar el convenio el año pasado y solicitar la devolución de los fondos aportados por la Alcaldía. Sin embargo, el problema radica en la incertidumbre sobre el paradero de dichos recursos y la capacidad del municipio para reembolsarlos.
El concejal plantea la interrogante de quién asumirá las pérdidas ocasionadas por la construcción de estructuras que actualmente están abandonadas y quién se hará responsable de la falta de control y voluntad política que condujo a esta situación. Hasta el momento, no se ha obtenido una respuesta clara por parte de la Alcaldía sobre la disponibilidad de los recursos y su capacidad para devolverlos.
Aunque existe la posibilidad de que los $1.700 millones regresen a la ciudad a través de un nuevo convenio con la Alcaldía, Bermúdez señala que el Gobierno liderado por Petro muestra poco interés en invertir en Ibagué, lo que hace que esta opción sea poco probable. Según información proporcionada por la administración anterior, la construcción del Cravic podría realizarse completamente con recursos municipales.
El caso del Centro Regional de Atención a Víctimas representa un preocupante ejemplo de desperdicio de recursos públicos y falta de transparencia en la gestión municipal. Los ciudadanos exigen respuestas claras y soluciones efectivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.
Finalmente, hasta el momento, no se ha obtenido una respuesta oficial por parte de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario sobre la capacidad de la Alcaldía para devolver los fondos y el futuro del proyecto. Los habitantes de Ibagué esperan que se aclare esta situación y se tomen medidas para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la culminación de proyectos que beneficien a la comunidad.
