La Alcaldía de Ibagué, mediante la resolución 1400-1346 del 4 de junio de 2024, declaró el incumplimiento total del contrato de obra pública 1312 del 19 de abril de 2023, correspondiente a la construcción del Puente de la 60. Este contrato, firmado con el Consorcio Puente Carrera 5, quedó anulado debido a la falta de avances significativos en la obra y la ausencia de respuestas del contratista Roberto José Gutiérrez en la audiencia de descargos.
La determinación de la Alcaldía no solo pone fin al contrato, sino que también impone una multa de $3.914.637.659, equivalente al 10% del valor del contrato. Esta medida se adoptó para proteger el interés general y salvaguardar el erario público, evitando un mayor daño por la falta de ejecución de la infraestructura proyectada.
El Puente de la 60, una obra crucial para la movilidad en Ibagué, apenas logró un avance del 5.26%, lo que provocó numerosas críticas de parte de la comunidad y las veedurías ciudadanas. Rubén Darío Calderón, integrante de la Veeduría Veemovil, expresó su satisfacción por la decisión aunque lamentó la demora. “Se recibe con beneplácito, aunque seguimos diciendo que de forma tardía esta administración actuó frente a la irresponsabilidad de un contratista que le había causado un grave perjuicio a la ciudad. Esperamos que esto sirva de precedente”, señaló Calderón.
Calderón criticó la dilación en el proceso y subrayó la necesidad de reiniciar el proyecto desde cero para garantizar su correcta ejecución. “Esto se dilató durante muchos meses y ahora se demuestra que esta administración quiere ejecutar esa obra reiniciando un proceso y empezando de cero, buscando que la obra se haga, porque se necesita y hace parte del desarrollo de la ciudad”.
El vocero de la veeduría también reiteró que, desde el inicio, advirtieron que una obra de tal magnitud no podía completarse en el plazo original de ocho meses. “Siempre hicimos observaciones respetuosas, fuimos claros diciendo que no había antecedente de una obra de esta magnitud realizarla en ocho meses, eso era falso, no como dijo el exalcalde Andrés Hurtado y lo que vino después fue una consecuencia de una mala decisión desde el inicio”, explicó Calderón.
Ante esta situación, el equipo jurídico de la Alcaldía de Ibagué y la ordenación del gasto delegada están evaluando la posibilidad de emprender acciones judiciales para resarcir el posible daño material y moral causado al municipio. Esta evaluación busca asegurar que se tomen medidas efectivas para prevenir futuros incumplimientos y garantizar la realización de obras esenciales para el desarrollo urbano.
La comunidad de Ibagué espera que la administración municipal actúe con celeridad para reiniciar y completar la construcción del Puente de la 60, una obra vital para la movilidad y el progreso de la ciudad. Este caso resalta la importancia de una supervisión rigurosa y una gestión transparente en los proyectos de infraestructura.
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