Luego de que el Tribunal Administrativo del Tolima ordenara arresto domiciliario contra la alcaldesa Johana Aranda por presunto desacato, la Administración municipal defendió sus acciones y aseguró que se han cumplido los mandatos judiciales dentro del marco legal.
La Alcaldía de Ibagué emitió un comunicado oficial tras la orden del Tribunal Administrativo del Tolima que impone 15 días de arresto domiciliario a la alcaldesa Johana Aranda, por presunto desacato en el proceso de reubicación del sector Hato de la Virgen. El gobierno local respondió asegurando que la decisión judicial no implica una pérdida inmediata de libertad, ya que se han interpuesto los recursos legales pertinentes.
Según el pronunciamiento, la administración ha actuado con “celeridad y responsabilidad, cumpliendo los términos establecidos y presentando los recursos correspondientes”. Además, subrayan que la situación legal no compromete el ejercicio de gobierno de la mandataria.
El comunicado enfatiza que el proceso legal relacionado con Hato de la Virgen lleva más de dos décadas activo. “Desde el año 2001 se han emitido órdenes judiciales cuya ejecución ha sido compleja, principalmente por limitaciones presupuestales históricas”, indicó el gobierno local, al tiempo que recordó que no es una problemática de reciente origen.
Respecto a las acciones durante el actual mandato, la Alcaldía afirmó haber destinado más de 7.000 millones de pesos para la construcción de 158 viviendas dirigidas a las familias involucradas en el proceso de reubicación. Esta inversión es considerada un avance significativo en el cumplimiento de las medidas impuestas por los jueces.
El gobierno municipal también reiteró su voluntad de seguir atendiendo la situación judicial con compromiso institucional y legal. “Seguiremos trabajando por el bienestar de todos los ciudadanos”, señaló el comunicado oficial.
En medio de esta coyuntura jurídica, la Administración destacó la importancia de la unidad institucional para hacer frente a otras situaciones urgentes que afectan a la ciudad, como la emergencia sanitaria provocada por el brote de fiebre amarilla recientemente detectado.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones y el trabajo que se está realizando desde el gobierno local: “Necesitamos estar unidos como ciudad”, resaltó la Alcaldía en su mensaje final.
Mientras se resuelve el recurso interpuesto, la comunidad espera definiciones judiciales sobre un caso que, por años, ha marcado la agenda de justicia social en Ibagué.
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