La transferencia de $5.000 millones a la Unidad de Salud de Ibagué para fortalecer la prestación de sus servicios. Lo anterior con base en el artículo 123 del Decreto Nacional 111 de 1996, que permite asignar recursos de libre destinación.
Asimismo, entre el plan de choque se prevé la reestructuración de la Junta Directiva, la reducción de los costos en contratación, la gestión de negocios para la recuperación de los usuarios de las EPS liquidadas, y un posible plan de salvamento voluntario con la Superintendencia de Salud.
“Por ningún motivo permitiremos la privatización de la Unidad de Salud de Ibagué. No es política de esta Administración taparle a ningún funcionario; ante el más mínimo índice de corrupción, de manera inmediata se entregará esta información a los organismos de control para que inicien las investigaciones”, dijo Óscar Berbeo, secretario de Gobierno.
Aunque en el debate se mencionó que la USI se recibió con un Superávit de $2.500 millones, en la sesión quedó claro que esta situación fue producto de giros o inyección de recursos de la administración anterior, con base en el mismo decreto.
Tenga en cuenta que debido al confinamiento por el Covid-19, la Unidad de Salud de Ibagué disminuyó sus ingresos por la no prestación de algunos servicios. A esto se le suma la liquidación de las EPS Comparta, Salud Vida y Medimás, lo cual provocó una reducción de aproximadamente 103.000 usuarios, de los cuales se han recuperado cerca de 30.000.
De la misma forma, el Gobierno Departamental habilitó una institución privada para la prestación de servicios de urgencias de baja complejidad, lo que llevó a restar el número de pacientes atendidos en la USI y la baja de sus ingresos.
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