De 13 muestras tomadas en 2024, seis revelaron riesgo medio o alto en la calidad del agua, lo que confirma que no siempre ha sido apta para el consumo humano. Autoridades de control advierten que el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) alcanzó niveles alarmantes.
La comunidad de Arboleda Campestre vuelve a encender las alarmas tras conocerse los resultados de diferentes análisis realizados durante el último año a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) que abastece este sector. De 13 muestras recolectadas, seis reportaron valores que se ubican en riesgo medio o alto según el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), lo que confirma que en varias ocasiones el líquido suministrado no ha sido apto para el consumo humano.
Estos hallazgos han sido objeto de seguimiento por parte de la Procuraduría General de la Nación, que con base en reportes del sistema SIVICAP del Instituto Nacional de Salud (INS), estableció que en 2024 la PTAP Arboleda Campestre presentó índices preocupantes. Uno de los episodios más graves se registró en marzo, cuando el agua alcanzó un 56,6% en el IRCA, nivel catalogado como riesgo alto para la salud pública.
La Secretaría de Salud de Ibagué también ha verificado estas irregularidades dentro de sus procesos de vigilancia. Según la entidad, los problemas de calidad no se limitan a Arboleda Campestre, sino que se extienden a acueductos de otras zonas de la ciudad, donde persisten deficiencias en la potabilización. Estos reportes refuerzan la inquietud ciudadana sobre la seguridad del recurso hídrico que llega a los hogares.
De acuerdo con la Veeduría de Servicios Públicos de Arboleda Campestre, los reportes oficiales minimizan el problema al resaltar resultados puntuales de laboratorio y omitir fallas estructurales. La comunidad denuncia que la contaminación del río Combeima, las descargas de aguas residuales y la ausencia de controles permanentes ponen en duda la continuidad de un servicio confiable y seguro.
Otro de los cuestionamientos apunta al mapa de riesgo adoptado por la Secretaría de Salud mediante la Resolución 117 del 11 de agosto de 2024. Este documento fue entregado dos años después de la entrada en funcionamiento de la planta y, según la veeduría, presenta vacíos importantes, pues omite descargas directas, vertimientos críticos y otros puntos que afectan la calidad del agua distribuida.
Las preocupaciones se extienden a la falta de información detallada que reciben los usuarios. En algunos informes oficiales solo se ha entregado la calificación global del IRCA, sin detallar resultados por parámetro analizado, lo que limita el derecho de la comunidad a conocer con claridad la calidad del agua que consume a diario. Esta situación alimenta la desconfianza frente a las entidades encargadas de la vigilancia.
La Procuraduría, en su papel de órgano de control, advirtió que los episodios de riesgo alto en el IRCA no son hechos menores y requieren acciones inmediatas para proteger la salud de la población. La entidad recordó que el agua no solo debe cumplir con estándares en un momento específico, sino garantizar una potabilidad constante en todas las fases del suministro.
La ciudadanía insiste en que la responsabilidad recae en el IBAL y las autoridades ambientales, quienes deben responder por las deficiencias denunciadas. Reclaman mayor transparencia en los reportes, así como planes de acción concretos que incluyan la verificación de contaminantes omitidos como fenoles, mercurio, hidrocarburos y pesticidas, que no aparecen reflejados en varios informes técnicos.
El caso de Arboleda Campestre se suma a un panorama más amplio de cuestionamientos sobre la gestión estructural del recurso hídrico en Ibagué. Para los habitantes, el problema no se reduce a la potabilidad en un instante, sino a la ausencia de soluciones sostenibles que garanticen agua limpia y segura a largo plazo. La discusión ya no es solo técnica, sino también de confianza institucional.
En medio de este escenario, la comunidad reafirma su derecho al acceso a agua potable de calidad, en condiciones seguras y con información clara. Los veedores reiteran que seguirán ejerciendo control ciudadano, mientras piden a la Procuraduría, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Salud un acompañamiento más riguroso, que derive en acciones concretas frente a los riesgos detectados en 2024.
¿Qué dice la Veeduría?
La veeduría denunció que la PTAP de Arboleda Campestre fue entregada en 2022 sin el debido mapa de riesgo, el cual solo apareció dos años después y de forma incompleta. Procuraduría y comunidad señalan fallas estructurales en la gestión del recurso hídrico.
La Veeduría de Servicios Públicos de Arboleda Campestre volvió a pronunciarse sobre las irregularidades en la entrega y funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de este sector. Según la vocera de la veeduría, la planta fue recibida en el año 2022 durante la administración del entonces alcalde Andrés Hurtado y con la gerencia de Érika Palma en el IBAL, pero sin contar con el mapa de riesgo requerido por norma.
El documento, que debía elaborarse previamente para identificar los peligros asociados al consumo humano del agua, solo fue entregado en 2024, dos años después de que la planta entrara en operación. Para la comunidad, esta omisión representó un grave error en la planeación y una muestra de improvisación institucional, que pone en duda la seguridad del servicio suministrado.
“Ese mapa de riesgo lo entregaron incompleto y omitiendo varios puntos críticos. Lo firma la señora Martha Liliana Ospina, entonces secretaria de Salud, quien ahora habla de prevención, pero en su momento avaló un proceso que carecía de rigurosidad”, aseguró la veedora, recalcando que la comunidad había advertido reiteradamente la necesidad de este insumo antes de la entrega oficial de la PTAP.
En medio de la polémica, también se recordó la posición del procurador ambiental y agrario, Daniel Rubio, quien en declaraciones pasadas señaló que “todo se hizo a la chambonada”. Según su criterio, la planta se entregó conociendo la procedencia del agua, las condiciones de conducción y el uso final, pero sin cumplir los parámetros técnicos que garantizan un consumo seguro y responsable.
La veeduría enfatizó que el agua potable es un tema de salud pública que exige responsabilidad y transparencia, pues un mapa de riesgo no es un requisito accesorio sino una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y alertar sobre los contaminantes presentes en las fuentes de abastecimiento. “Aquí lo hicieron al revés: primero entregaron la planta y después, con retraso, presentaron un documento incompleto”, subrayaron.
El retraso en la entrega del mapa y sus inconsistencias se suman a otros cuestionamientos que la comunidad ha hecho al IBAL y a las autoridades locales. Entre ellos, la falta de información detallada sobre parámetros específicos de calidad, las omisiones frente a contaminantes como fenoles, mercurio y pesticidas, y la falta de claridad en el seguimiento a descargas y vertimientos directos sobre el río Combeima.
Estas deficiencias han incrementado la desconfianza de los usuarios, que perciben un manejo improvisado del recurso hídrico. Para los habitantes de Arboleda Campestre, el problema no radica únicamente en la potabilidad en un momento puntual, sino en la ausencia de un enfoque preventivo y sostenido que garantice seguridad a largo plazo.
La veeduría reiteró que seguirá insistiendo en el derecho ciudadano a recibir agua potable de calidad, exigiendo a la Procuraduría, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Secretaría de Salud un acompañamiento más riguroso. “Lo que está en juego es la salud de la comunidad y la confianza en las instituciones que deberían protegernos”, puntualizó la representante del colectivo.
Alerta por agua contaminada en Ibagué
El Procurador Judicial II Ambiental y Agrario del Tolima, Daniel Rubio Jiménez, advirtió que el agua suministrada a la urbanización Arboleda del Campestre no ha sido apta para el consumo humano en varios meses de 2024. Informes oficiales revelan presencia de mercurio y fallas en la potabilización por parte de IBAL S.A. E.S.P., lo que llevó a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación.
El Procurador Judicial II Ambiental y Agraria del Tolima, Daniel Rubio Jiménez, emitió una grave advertencia sobre el suministro de agua en la urbanización Arboleda del Campestre, en Ibagué. De acuerdo con los informes técnicos revisados, el líquido que reciben los habitantes no cumple con los parámetros de calidad exigidos para el consumo humano, situación que se repitió en varios meses del año 2024.
Según lo revelado en los reportes de vigilancia del Instituto Nacional de Salud, en marzo, abril, julio, agosto y noviembre del año pasado el agua fue clasificada como no apta para beber, registrando niveles de riesgo medio y alto según el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA). Estos resultados generan preocupación debido a la continuidad del problema y sus implicaciones en la salud pública.
El informe también destacó que en muestras analizadas por el laboratorio HydroChemical S.A.S. se encontró la presencia de mercurio en concentraciones de hasta cinco veces superiores al límite permitido por la norma. Este hallazgo incumple lo establecido en el Decreto 1076 de 2016, que fija las condiciones mínimas de calidad del recurso hídrico destinado al consumo humano.
Ante esta situación, la Procuraduría instó a la empresa de acueducto IBAL S.A. E.S.P. a cumplir estrictamente las órdenes de tutela emitidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué. Estas órdenes exigen garantizar agua potable para los habitantes afectados, quienes han denunciado reiteradamente el suministro deficiente.
La veeduría de servicios públicos domiciliarios de la urbanización Arboleda del Campestre respaldó las denuncias con fotografías y reportes en los que se evidencia que el agua proviene de canales de riego utilizados para cultivos arroceros, lo que aumenta el riesgo de contaminación. Dichas pruebas fueron anexadas al proceso judicial y remitidas a la Procuraduría.
Rubio Jiménez advirtió que, de no atenderse las medidas ordenadas, se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación por un presunto fraude a resolución judicial. El ente de control busca establecer responsabilidades administrativas y penales frente al incumplimiento de las obligaciones de la empresa prestadora del servicio.
El procurador también resaltó que la calidad del agua no solo afecta el bienestar de las familias residentes, sino que vulnera derechos fundamentales como la salud y el acceso al agua potable. Por ello, hizo un llamado a las autoridades locales y a la Secretaría de Salud de Ibagué para que refuercen la vigilancia sanitaria.
De igual manera, la Procuraduría solicitó un plan de acción inmediato que garantice procesos de potabilización eficientes en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Arboleda. El objetivo es asegurar que el recurso hídrico cumpla con los estándares de seguridad exigidos por la normativa nacional.
Los habitantes de la urbanización han expresado su inconformidad y preocupación, pues aseguran que llevan meses recibiendo un servicio irregular y de mala calidad. La comunidad exige soluciones concretas y advierte que mantendrá la presión social y legal hasta obtener respuestas efectivas.
Finalmente, la Procuraduría recordó que el acceso a agua potable es un derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales. En este sentido, reiteró su compromiso de hacer seguimiento al caso y de tomar las medidas disciplinarias necesarias para garantizar que el servicio de acueducto cumpla con los principios de calidad, continuidad y cobertura.
Agua turbia en Ibagué desata preocupación en otros sectores
Residentes del Jordán denunciaron que el agua llegó turbia y con barro, contradiciendo las promesas de un acueducto eficiente. La falta de respuestas del IBAL refuerza la desconfianza ciudadana y revela un problema estructural en la gestión del agua en la capital tolimense.
La crisis del agua en Ibagué sigue siendo un problema sin resolver. En las últimas horas, habitantes del barrio Jordán Séptima Etapa denunciaron que lo que debía ser agua potable llegó convertido en un líquido café, con tierra visible, sedimentos y un fuerte olor. El hecho, que se extendió desde las 3:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, dejó en evidencia la fragilidad del sistema de acueducto administrado por el IBAL.
“Nos están mandando Chocolisto por las llaves. El agua estaba llena de barro y salió así por varias horas”, relató indignado un residente. La denuncia no se limita a un caso aislado. Vecinos de otras etapas del Jordán aseguran que esta situación se repite con frecuencia, afectando la confianza en un servicio básico que debería garantizar salubridad y dignidad.
La problemática va más allá de la incomodidad. En los hogares con sistemas automáticos de almacenamiento, el agua contaminada podría estar afectando los tanques de reserva, aumentando el riesgo de que las familias consuman líquidos en condiciones insalubres. Esto genera una alerta sanitaria que ni la Alcaldía ni el IBAL han atendido con la seriedad requerida.
A la par de la indignación ciudadana, crece el reclamo por la falta de transparencia. Hasta el momento, el IBAL no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique las causas de la turbiedad ni las medidas de mitigación. La ausencia de respuestas abre la puerta a especulaciones sobre negligencia, fallas en la infraestructura e incluso posibles manejos políticos en la administración del servicio.
Los habitantes cuestionan directamente el incumplimiento de promesas institucionales. “Nos aseguraron que con el nuevo acueducto se acabarían los problemas. Hoy seguimos igual o peor, pagando por un servicio que no cumple y recibiendo agua sucia en nuestras casas”, reclamó otro ciudadano.
Este episodio no es un hecho aislado. Los reportes de agua turbia se han vuelto frecuentes en distintos sectores de la capital tolimense. En redes sociales circulan fotografías y videos que muestran el líquido con sedimentos, generando una ola de indignación y reforzando la percepción de que la gestión del IBAL está marcada por la improvisación y la falta de control.
Expertos en salud pública advierten que la ingesta de agua en estas condiciones puede provocar enfermedades gastrointestinales, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Sin embargo, los entes de control locales no han tomado acciones visibles para investigar y sancionar estas irregularidades.
La ciudadanía reclama respuestas inmediatas y exige que la Procuraduría, la Contraloría y la Personería de Ibagué asuman un rol activo en la vigilancia del servicio. Mientras tanto, el silencio oficial del IBAL refuerza la percepción de una entidad que evade responsabilidades y deja a la población expuesta a riesgos que pudieron ser prevenidos.
ADENDA: La pregunta que se hacen los ibaguereños tanto de la zona urbana y rural, ¿Qué clase de agua estan tomando? ¿Qué dice al respecto el Consejo Municipal? ¿Qué responde la administración municipal en cabeza de la alcaldesa Johana Aranda? y El gerente del IBAL ¿qué respuesta tiene frente a las nuevas evidencias que apuntan a la presunta mala calidad del agua que beben los ibaguereños?
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