En una acción sorpresiva, agentes del CTI de la Fiscalía llevaron a cabo un allanamiento en las oficinas del Consorcio Puente Carrera Quinta, responsable de la construcción del puente de la calle 60 en Ibagué. Este proyecto, que debía ser entregado el pasado 28 de diciembre, presenta apenas un avance superior al 5% después de 10 meses.
El contrato, adjudicado en marzo de 2023 con acta de inicio el 28 de abril del mismo año, ha experimentado suspensiones, generando inquietud entre la comunidad y los organismos de control. La firma de una suspensión de 45 días entre el representante del consorcio, Roberto José Gutiérrez, y el director técnico de la Secretaría de Infraestructura, Jonathan Suarez Barrera, ha elevado las preocupaciones sobre posibles irregularidades.
Rubén Darío Calderón, representante de la veeduría Veemovil, calificó la obra como un “elefante blanco” y confirmó que la Fiscalía está llevando a cabo investigaciones sobre el proyecto. Calderón denunció también el abandono de maquinaria en la calle 59, la cual formaba parte del proyecto original.
“Los retrasos en esta obra no son justificados, por eso las denuncias de la ciudadanía y las que nuestra veeduría ha hecho sobre los problemas que se han presentado. Ahora, la Fiscalía hace este allanamiento en estas oficinas que habían alquilado”, expresó Calderón.
Gonzalo Guatavita, residente en la Floresta, compartió su preocupación por los más de seis meses de inconvenientes y el impacto en la calidad de vida de los habitantes del sector. Señaló que la obra está intransitable, afectando la seguridad y la salud de los residentes.
El ingeniero Olaguer Prieto, líder del grupo contratista, ha enfrentado problemas similares en otras regiones y ha sido beneficiario de millonarios anticipos en el Tolima sin un avance significativo en las obras, sumando cerca de $150 mil millones en licitaciones recientes.
Con un contrato que supera los $39 mil millones y un avance del 5% después de 11 meses, la obra del puente de la 60 con Quinta enfrenta cuestionamientos y una investigación de la Fiscalía que busca esclarecer posibles irregularidades en su ejecución.