El expresidente Álvaro Uribe, en un video difundido en sus redes sociales, asegura que el juicio en su contra por presunta manipulación de testigos, fraude procesal y soborno ha sido “inducido” por el actual Gobierno y su principal opositor, Iván Cepeda. Uribe defiende su inocencia y solicita el cierre del caso, mientras se acerca la fecha del fallo.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a ser el centro de la controversia política en Colombia luego de que, en un video divulgado a través de sus redes sociales, acusara al Gobierno actual de inducir el juicio en su contra. El proceso judicial que enfrenta Uribe está relacionado con presunta manipulación de testigos, fraude procesal y soborno, cargos que, según el exmandatario, han sido impulsados de manera orquestada por el senador Iván Cepeda, uno de sus principales opositores políticos.
Uribe, que ejerció como presidente de Colombia entre 2002 y 2010, aseguró que el juicio en su contra fue una jugada política del Gobierno del actual presidente Gustavo Petro, con la participación activa de Cepeda. Si bien no menciona directamente al senador de la izquierda, el expresidente hace clara referencia a él cuando menciona que “este juicio ha sido inducido por el actual Gobierno, por su más representativo senador”, lo que deja abierta la acusación de un proceso politizado y manipulado.
La querella contra Uribe comenzó en 2012, cuando el expresidente demandó a Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La denuncia de Cepeda en aquel momento estaba relacionada con los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo, una acusación que aún sigue siendo un tema de debate en la política colombiana. Sin embargo, en lugar de investigar a Cepeda, la Corte Suprema de Justicia decidió abrir un proceso en contra de Uribe por manipulación de testigos.
A raíz de este hecho, Uribe renunció a su escaño de senador en agosto de 2020, con la intención de dejar de estar aforado y permitir que su caso pasara a la justicia ordinaria, fuera del control de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de las peticiones de su equipo legal de que el caso fuera cerrado debido a la falta de pruebas, la Fiscalía tomó la decisión en 2024 de acusarlo formalmente, reavivando la controversia judicial.
La Fiscalía, bajo la dirección de Marlenne Orjuela, presentó el caso argumentando que Uribe “ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal”. La fiscal acusó al expresidente de haber utilizado a terceros con el fin de manipular a testigos clave, buscando forzar su retractación sobre declaraciones previas que lo involucraban en vínculos con grupos paramilitares. En el centro de esta acusación están las denuncias sobre el intento de soborno a testigos encarcelados, algo que ha sido ampliamente debatido en los tribunales.
Uribe, por su parte, ha insistido en su inocencia, asegurando que siempre ha dicho la verdad y que el juicio en su contra responde a una estrategia para perjudicarlo políticamente. Además, señaló que, durante el proceso, estuvo detenido en su casa durante 67 días en 2020, algo que él considera un intento de la justicia de presionar su imagen y su carrera política. Según el exmandatario, la decisión de ponerlo en detención domiciliaria fue tomada por un magistrado cercano al entorno de Iván Cepeda, lo que también ha alimentado las teorías de una persecución política en su contra.
El proceso judicial ha tenido varios giros a lo largo de los años, y uno de los más controversiales fue la propuesta de preclusión del caso que fue realizada por dos fiscales de la Fiscalía General, los cuales consideraban que no existían suficientes pruebas para continuar con el proceso. Sin embargo, un tercer fiscal, designado por el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, decidió continuar con la acusación, lo que ha generado críticas por parte de Uribe, quien recordó que Montealegre fue fiscal general durante el gobierno de Juan Manuel Santos, otro de sus principales adversarios políticos.
Uribe también hizo hincapié en que este proceso judicial ha sido marcado por una serie de irregularidades que, según él, solo buscan desacreditarlo ante la opinión pública. El expresidente acusó al actual Gobierno y a algunos miembros de la Fiscalía de ser parte de una maniobra para debilitar su figura política, aprovechando su liderazgo dentro del partido de oposición, el Centro Democrático.
A medida que avanza el juicio, los ojos del país están puestos en el fallo final que deberá emitir la jueza Sandra Liliana Heredia, quien anunció que el 28 de julio dará a conocer la decisión final sobre el juicio. La sentencia ha generado gran expectativa en el país, especialmente por las implicaciones políticas que conlleva. Si Uribe es condenado, podría enfrentar consecuencias significativas para su carrera política y la del Centro Democrático, mientras que si es absuelto, podría fortalecer su posición de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
En su intervención, Uribe también defendió su respeto por la justicia, pese a las acusaciones en su contra. En su mensaje, expresó que está dispuesto a afrontar este proceso judicial, pero criticó la forma en que ha sido manejado. “Yo tengo una inmensa responsabilidad política al afrontar este juicio y lo he hecho siempre con respeto a la justicia”, dijo Uribe, dejando claro que considera este proceso como un ataque a su figura y a su partido.
El juicio a Uribe continúa siendo uno de los temas más polémicos en la política colombiana. A medida que se acerca la fecha del fallo, la división política sobre su culpabilidad o inocencia se intensifica, y la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia será un hito en la historia judicial del país.
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