La reciente decisión de la Dirección Universitaria de suspender a más de 30 trabajadores transitorios ha sido calificada como irresponsable y cruel. La medida, que afecta a empleados que cumplen funciones misionales, desconoce las implicaciones sociales, económicas y en salud mental que genera la suspensión de sus labores por un mes. Esta decisión ha generado preocupación por el bienestar de los trabajadores y sus familias, quienes dependen de estos ingresos.
En el pleno del Consejo Superior, se discutió esta denuncia, expresando un rechazo rotundo a la decisión de la Dirección Universitaria. La preocupación se centra en el futuro laboral de los trabajadores transitorios y el impacto negativo en su dignidad y bienestar. Se ha señalado que la medida fractura la estabilidad laboral en la Universidad del Tolima, afectando su misión educativa.
Además de las controversias laborales, un informe de auditoría financiera y de gestión ha revelado hallazgos alarmantes en la Universidad del Tolima. Andrés Torres, Delegado de presidencia de la república a través de sus redes sociales, manifestó que la institución enfrenta un detrimento patrimonial de más de 132 millones de pesos, con un déficit fiscal de aproximadamente dos mil millones de pesos. Estos datos contradicen las declaraciones de la Dirección Universitaria sobre la buena situación financiera de la institución.
El informe de auditoría, presentado en mayo y comunicado al Consejo Superior en julio, identifica 24 hallazgos, de los cuales 11 son disciplinarios y 2 fiscales. Torres explicó que se han realizado traslados presupuestales sin el consentimiento del Consejo Superior, sumando una cifra de 2.900 millones de pesos. Esta situación evidencia la falta de transparencia y control en la gestión administrativa de la universidad.
Otra de las preocupaciones señaladas por Torres es el uso de un software contable antiguo y desactualizado. Aunque la universidad adquirió un nuevo software en 2018 por más de 1.500 millones de pesos, este no se está utilizando debido a que no cumple con las exigencias legales ni con las funciones necesarias para las actividades contables de la institución. Esta irregularidad ha sido reportada a los entes de control para que determinen posibles sanciones disciplinarias, administrativas o penales.
La denuncia ante la Contraloría busca esclarecer si existe un detrimento patrimonial y tomar las medidas correspondientes. La situación actual de la Universidad del Tolima requiere una revisión profunda y una acción inmediata para corregir las irregularidades y garantizar una gestión eficiente y transparente.
