Johana Aranda, mandataria de Ibagué, es demandada por una millonaria deuda respaldada con letra de cambio. La funcionaria habría intentado vender sus únicos bienes para declararse insolvente y evadir responsabilidades legales.
La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, suma un nuevo escándalo judicial a su administración. Actualmente cursa en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué una demanda ejecutiva en su contra, bajo el número de radicado 73001310300320250004200, por una deuda de $500 millones.
De acuerdo con información conocida por LAOTRAVERDAD.CO, la demanda está respaldada por una letra de cambio firmada por la propia mandataria, cuya autenticidad ya fue corroborada durante el proceso judicial. La millonaria obligación estaría siendo objeto de maniobras legales por parte de Aranda, quien habría intentado deshacerse de sus bienes para declararse insolvente.
Una fuente cercana al caso, que solicitó anonimato por seguridad, señaló que la alcaldesa vendió una casa que poseía y actualmente ha intentado vender la camioneta Mercedes Benz que la ha puesto en el ojo del huracán desde el año pasado. Este vehículo es el único bien que le figura a su nombre.
Según la misma fuente, Aranda habría actuado de mala fe, a sabiendas de su deuda, al tratar de enajenar la camioneta, supuestamente para eludir el pago de la obligación judicial. Esta conducta podría ser interpretada como un intento de ocultar patrimonio para evadir responsabilidades civiles.
El vehículo, una lujosa Mercedes Benz GLE AMG híbrida modelo 2020, fue ofrecido recientemente en venta por $235 millones en un concesionario de Bogotá. Sin embargo, trascendió que dicho vehículo estaría embargado, lo que frenó la transacción.
El intento de venta del único patrimonio registrado a nombre de la alcaldesa ha sido duramente criticado por diversos sectores, que consideran que esta conducta pone en entredicho la ética de la funcionaria y da un mal ejemplo a la ciudadanía.
Organizaciones civiles y ciudadanos han cuestionado la falta de transparencia de Aranda frente a sus obligaciones financieras, exigiendo que rinda cuentas ante la justicia y ante el electorado que la eligió como representante del pueblo ibaguereño.
El caramelo o chicharrón de lujo con la camioneta
La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, ha vuelto a protagonizar titulares tras conocerse que puso en venta, de manera silenciosa, la camioneta Mercedes Benz GLE AMG híbrida modelo 2020, vehículo que la involucró en un escándalo de posibles inconsistencias patrimoniales en 2024.
La lujosa camioneta fue ofertada por $235 millones en el exclusivo concesionario Solórzano Automóviles, ubicado al norte de Bogotá. Dicho establecimiento es propiedad de Juan Raúl Solórzano, conocido en Ibagué por ser dueño del centro recreacional Playa Hawai.
A pesar de haber sido anunciada para la venta, el vehículo aún figura a nombre de la mandataria. En un primer momento, desde el concesionario afirmaron que ya se había vendido, pero más tarde cambiaron la versión, asegurando que la camioneta ya no estaba en venta debido a un embargo judicial.
Este episodio ha avivado las dudas ciudadanas sobre el origen del dinero con el que Aranda adquirió el costoso automotor. Desde el inicio del escándalo, la alcaldesa ha evitado proporcionar documentos o pruebas financieras, limitándose a decir que “todo lo he conseguido con el sudor de mi frente”.
Además del silencio, Aranda respondió con acciones judiciales. En lugar de esclarecer los hechos, decidió denunciar penalmente a los directivos del medio local EL OLFATO ante la Fiscalía Seccional Tolima, lo que ha sido interpretado como un intento de censura y amedrentamiento contra la prensa.
La Fiscalía, por su parte, sorprendió con la rapidez con la que acogió la denuncia, generando sospechas por su diligencia en este caso particular, mientras otros procesos más relevantes para la ciudadanía siguen estancados.
Este patrón de evasivas, contradicciones y presiones judiciales ha deteriorado aún más la imagen de Aranda, quien no solo debe aclarar su situación patrimonial, sino también responder por su respeto a la libertad de prensa y a la rendición de cuentas pública.
Adenda: Desde el 12 de marzo este proceso en contra de la alcaldesa se encuentra jurídicamente en manos de este despacho, quien desde hace un mes y medio se encuentra inactivo sin librar mandamiento de pago ni resolver el Decreto de medidas cautelares.