La Veeduría de Servicios Públicos y la Procuraduría advierten graves inconsistencias en la calidad del agua suministrada en Arboleda del Campestre, mientras el IBAL y la Superservicios sostienen que el líquido es 100% apto para consumo humano. La comunidad prepara acciones legales.
La crisis por la calidad del agua en Arboleda del Campestre, en la comuna 9 de Ibagué, sigue generando un fuerte pulso entre la comunidad, los organismos de control y las entidades encargadas del servicio. El reciente comunicado de la Veeduría de Servicios Públicos de este sector puso en evidencia las falencias institucionales, señalando graves preocupaciones sobre el suministro que llega a los hogares.
Según la Procuraduría General de la Nación, con base en los reportes del sistema SIVICAP del Instituto Nacional de Salud (INS), en 2024 se presentaron niveles alarmantes en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA). En marzo, la Planta de Tratamiento de Arboleda Campestre registró un 56,6% en este indicador, lo que equivale a un riesgo alto para la salud de los usuarios.
De 13 muestras recolectadas a lo largo del año, seis evidenciaron riesgo medio o alto, lo que confirma que el agua no siempre ha sido apta para el consumo humano. Estos datos se suman a la vigilancia de la Secretaría de Salud de Ibagué, que ha identificado deficiencias similares en acueductos de otras zonas de la ciudad, alimentando la preocupación ciudadana.
El comunicado de la Veeduría recuerda que, según la Resolución 600 de 2006, el agua de este sistema estaba destinada únicamente para uso agrícola. Su habilitación como agua potable en 2016 no ha estado respaldada por estudios actualizados, lo que abre un vacío técnico frente a la seguridad del suministro.
Otro de los puntos críticos se relaciona con las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Cartagena y El Tejar, que descargan aguas contaminadas al río Combeima sin cumplir la Resolución 0631 de 2015. A esto se suma la ausencia de reportes sobre contaminantes como mercurio, fenoles, plaguicidas e hidrocarburos, exigidos en la Resolución 2115 de 2007.
También preocupa la aplicación de peróxido de hidrógeno en la planta de Arboleda sin claridad sobre dosis, riesgos y autorizaciones sanitarias. Además, el mapa de riesgo 2024 se entregó incompleto, omitiendo información clave sobre descargas y vertimientos directos. Estas omisiones refuerzan la percepción de falta de transparencia en la operación del sistema.
Frente a estas denuncias, la posición oficial ha sido diferente. En noviembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos aseguró que la planta de Arboleda garantiza agua “100% apta para el consumo humano”. La gerente del IBAL, Erika Palma, sostuvo que los análisis de laboratorio registraron un IRCA de 0,0%, destacando la confiabilidad del sistema.
Estas declaraciones, sin embargo, chocan con los datos reportados por SIVICAP y las alertas de la Procuraduría, lo que genera desconfianza entre los habitantes. La contradicción ha encendido el debate público y la comunidad exige explicaciones claras de las entidades involucradas, pues consideran que se está poniendo en riesgo un derecho fundamental.
Ante la persistente omisión institucional, la Veeduría de Arboleda del Campestre ha solicitado a la Personería Municipal presentar una acción popular que obligue a garantizar la calidad del agua. Los líderes advierten que no descartan acudir a la Fiscalía General de la Nación si persisten las irregularidades y la falta de respuestas efectivas.
La situación en Arboleda del Campestre es el reflejo de un conflicto más amplio entre la garantía del acceso al agua potable segura y la débil respuesta de las instituciones encargadas en Ibagué. La comunidad reafirma su derecho a un servicio confiable, mientras la controversia se mantiene abierta entre cifras oficiales y denuncias ciudadanas.
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