Tras más de una semana de protestas en distintas regiones del país, el Gobierno Nacional y los representantes del gremio arrocero acordaron fijar el precio de la carga de arroz paddy verde en $198.686 para los departamentos del Tolima y Huila. Con este consenso, se levantarán los bloqueos y se espera normalizar la movilidad y las actividades comerciales.
Después de intensas jornadas de negociación y más de diez días de movilizaciones, el Gobierno Nacional logró un acuerdo con los voceros del gremio arrocero, poniendo fin al Paro Nacional Arrocero que se venía desarrollando en varias regiones del país, especialmente en Tolima y Huila.
El punto central del acuerdo fue la definición del precio por carga de arroz paddy verde, que quedó fijado en $198.686 por cada 125 kilogramos, valor que será adoptado bajo un régimen de libertad regulada y se formalizará mediante resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó que la concertación incluyó ajustes técnicos a la fórmula de cálculo del precio, en consenso con representantes del gremio y de la industria. Esta decisión busca garantizar rentabilidad mínima para los productores, especialmente los más pequeños.
Aunque algunos cultivadores señalaron que el precio acordado no cubre completamente sus costos de producción, reconocieron que representa un avance frente a los valores anteriores, que oscilaban entre $170.000 y $185.000 por carga.
A raíz del acuerdo, se inició el desmonte progresivo de los bloqueos que habían afectado varios corredores viales del país. Se espera que las carreteras de Tolima, Huila y otras zonas queden completamente habilitadas durante las próximas horas.
El paro había generado preocupación entre comerciantes, transportadores y habitantes de las regiones afectadas, quienes reportaron dificultades para movilizarse y escasez de productos básicos debido a los bloqueos.
Desde el Gobierno se reafirmó el compromiso de trabajar de la mano con el sector arrocero para avanzar en políticas que fortalezcan la competitividad y sostenibilidad del cultivo del arroz, además de promover una mayor regulación del mercado frente a prácticas desleales de la industria.
Con la firma del acta y la expedición de la resolución, se cierra un capítulo de tensión social y se abre una nueva etapa de diálogo con el campo colombiano, en busca de soluciones estructurales a las problemáticas del sector agropecuario.
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