El alza del servicio de gas natural en la ciudad alcanzará un 32% para los estratos 1 y 2, mientras que los incrementos en otros sectores aún no están definidos. Gremios y comerciantes advierten sobre el impacto económico y piden soluciones al Gobierno.
El incremento en la tarifa del gas natural ha generado preocupación en Ibagué y otras ciudades de Colombia. Mientras la empresa Vanti justifica el alza por los costos de importación y transporte, el Gobierno nacional sostiene que no hay justificación para el aumento, lo que ha generado un cruce de declaraciones entre ambas partes.
En el caso de Ibagué, el gerente general de la compañía Alcanos confirmó que el incremento será del 32% para los estratos 1 y 2. Sin embargo, aún no se ha definido el porcentaje de aumento para los demás estratos ni para los sectores comercial e industrial, lo que mantiene la incertidumbre en empresarios y ciudadanos.
Ante esta situación, Acodrés Capítulo Tolima, que representa a los empresarios del sector gastronómico, fue uno de los primeros gremios en pronunciarse, expresando su preocupación por el impacto que el alza tendrá en los costos operativos de los negocios. Según la organización, esto podría traducirse en un aumento en los precios de los productos y, en consecuencia, en una mayor presión inflacionaria.
El Ministerio de Minas y Energía ha manifestado su intención de tomar medidas para evitar el aumento de la tarifa. La entidad argumenta que Ecopetrol garantiza el suministro de gas suficiente para el país y que no es necesario importar el recurso a precios elevados, como lo señala Vanti.
Mientras tanto, los gremios económicos insisten en la necesidad de un diálogo entre el Gobierno, las empresas proveedoras de gas y los sectores afectados para encontrar soluciones que minimicen el impacto del aumento en la economía local. Advierten que los sobrecostos pueden afectar la competitividad de los negocios y el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Además, los comerciantes han alertado sobre el riesgo de que este incremento lleve al cierre de pequeños negocios que dependen del gas para sus operaciones diarias. Por ello, han solicitado medidas de alivio que permitan mitigar el impacto financiero de la decisión.
Las autoridades locales y nacionales están llamadas a intervenir en este debate para definir una solución que garantice la sostenibilidad financiera de las empresas proveedoras de gas sin afectar de manera drástica a los consumidores y sectores productivos.
En los próximos días se espera que el Gobierno y las empresas del sector energético continúen las conversaciones para establecer un camino que permita regular el precio del servicio sin comprometer el bienestar de la ciudadanía.
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