En una reciente columna de opinión, Marco Emilio Hincapié Jr. analizó los contrastes entre los avances nacionales en seguridad y la preocupante situación local de la ciudad de Ibagué. Destacó que, mientras el gobierno de Gustavo Petro ha logrado una disminución del 2,1 % en los homicidios a nivel nacional, según cifras de Medicina Legal, la capital del Tolima enfrenta un alarmante incremento en estos indicadores.
Entre enero y septiembre de 2024, Ibagué registró 61 homicidios, lo que representa un aumento del 24,5 % frente a los 49 casos reportados en el mismo periodo de 2023. Estas cifras exponen las deficiencias de las estrategias de seguridad locales y su desconexión con los avances nacionales impulsados bajo la política de “Paz Total”.
Hincapié Jr. enfatizó que, mientras el gobierno nacional trabaja por la reconciliación y el desarme, los retos locales reflejan una falta de planificación y adaptación frente a las nuevas dinámicas criminales. La gestión de la alcaldesa Johana Aranda ha sido objeto de críticas, ya que las acciones implementadas no han sido suficientes para contener la escalada de violencia en la región.
La falta de estrategias efectivas ha generado un ambiente de inseguridad y desconfianza entre los ciudadanos. Según Hincapié Jr., la respuesta de las autoridades locales no ha estado a la altura del desafío, lo que contrasta con los esfuerzos nacionales por reducir los factores de riesgo social.
El columnista destacó la importancia de un enfoque más coordinado entre las administraciones locales y el gobierno central. Subrayó que, mientras a nivel nacional se evidencian avances significativos, el aumento de homicidios en Ibagué plantea un retroceso que no puede ser ignorado.
Además, señaló que el éxito de programas implementados en el pasado, como “Jóvenes a lo bien”, demuestra que es posible prevenir el delito y fortalecer la seguridad ciudadana si se trabaja en estrategias integrales que impacten directamente a las comunidades más vulnerables.
Hincapié Jr. concluyó su columna con un llamado a las autoridades locales para que asuman un rol más activo y transformador en la seguridad de Ibagué. Considera que el desafío radica en diseñar políticas claras y sostenibles que no solo enfrenten el fenómeno delictivo, sino que también prioricen la intervención social para garantizar una ciudad más segura y próspera.
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