La precandidata a la Cámara cuestionó la decisión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de no reconocer como violencia política las declaraciones del concejal Javier Mora y advirtió que el caso envía un mensaje deslegitimador a las mujeres líderes.
La precandidata a la Cámara de Representantes, Adriana Avilés Alvarado, expresó su inconformidad tras conocer la decisión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Concejo de Ibagué de archivar la queja que interpuso contra el concejal Javier Mora por presunta violencia política basada en género. La denuncia, presentada el pasado 21 de abril, surgió a raíz de unas declaraciones de Mora que, según Avilés, cuestionaban su capacidad de participar en futuros escenarios de representación política.
La presidenta de la Comisión, la concejal Silvia Ortiz, explicó que, después de analizar el caso y las expresiones emitidas en una entrevista, se concluyó que no existía una motivación de género ni una intención de menoscabar los derechos políticos de la denunciante. “Si bien las declaraciones pueden resultar controversiales, no cumplen con los elementos que configuran violencia política contra la mujer”, señaló Ortiz.
Ortiz también destacó que, aunque el caso no encajaba jurídicamente en la definición establecida por la ley, sí evidencia la necesidad de reforzar el reglamento interno del Concejo y promover una cultura política libre de estereotipos y prejuicios. Según la concejal, este tipo de incidentes invitan a revisar los mecanismos de prevención y a fomentar un ambiente más inclusivo en la vida pública.
Por su parte, Avilés manifestó sorpresa y desacuerdo con la decisión de la Comisión y del Concejo. En su pronunciamiento, aseguró que las afirmaciones del concejal Mora no sólo afectaron su dignidad como mujer, sino que también enviaron un mensaje discriminatorio hacia todas las mujeres que ejercen liderazgo político en la región. “Estos discursos perpetúan prácticas que históricamente han excluido a las mujeres de la esfera pública”, indicó.
La precandidata insistió en que la decisión desconoce los principios de la Ley 2354 de 2025, norma creada para identificar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. “No compartir esta visión y proponer el archivo de la queja implica revictimización y desprotección institucional”, afirmó.
Avilés subrayó que la violencia política de género no siempre se manifiesta de forma explícita, sino que también puede presentarse mediante expresiones o actitudes que buscan desacreditar o limitar la participación femenina. En ese sentido, pidió a las autoridades no minimizar el impacto que este tipo de mensajes puede tener en la confianza y la trayectoria política de las mujeres.
El caso ha generado debate entre sectores políticos y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en Ibagué, que ven en esta situación un ejemplo de los vacíos y retos que persisten para garantizar la participación plena y libre de discriminación en la política local. Algunas voces han llamado a revisar los criterios de interpretación de la ley para evitar que este tipo de hechos queden sin sanción.
Mientras tanto, Avilés afirmó que continuará promoviendo una agenda de igualdad y participación política, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y con la construcción de un entorno político más justo y respetuoso. “Seguiré levantando la voz, no sólo por mí, sino por todas las mujeres que han sido silenciadas o deslegitimadas en el ejercicio de su liderazgo”, puntualizó.
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