Cajamarca, Tolima, está al borde de una crisis financiera que podría forzar al municipio a acogerse a la Ley 550 de Reestructuración de Pasivos. Según el alcalde Camilo Valencia, la situación se debe a una deuda de $24.000 millones con el Instituto Nacional de Vías (Invías), resultado de decisiones erróneas tomadas por la administración anterior. Esta deuda amenaza con desestabilizar las finanzas locales.
Valencia explicó que la deuda se originó cuando la administración pasada incluyó un deudor solidario en un contrato vial, lo que provocó un fallo en contra del municipio por parte del Consejo de Estado. A pesar de la posibilidad de apelar, la administración anterior renunció a la defensa legal en 2022, lo que agravó la situación financiera.
El problema escaló en mayo de 2024 cuando el municipio recibió una medida cautelar de embargo por $60.000 millones. Según el alcalde, esta información no fue proporcionada durante el empalme con la administración anterior, lo que dejó al municipio sin prepararse adecuadamente para enfrentar la crisis.
A pesar de la gravedad de la situación, Valencia ha denunciado las irregularidades ante los entes de control, aunque dejó claro que su intención no es señalar a un solo individuo, sino garantizar que se investiguen las decisiones que llevaron a este punto. “La prioridad es proteger al municipio y sus habitantes”, señaló el mandatario.
Actualmente, Cajamarca está en negociaciones con Invías para intentar llegar a un acuerdo que evite la quiebra total. Sin embargo, la posibilidad de acogerse a la Ley 550 parece inminente, ya que permitiría al municipio reorganizar sus finanzas y renegociar la deuda.
Este caso pone de manifiesto los efectos de la mala gestión en las finanzas públicas locales y subraya la importancia de la supervisión y control adecuados para evitar que otras regiones enfrenten situaciones similares.
