El pasado 25 de septiembre, la Cámara de Representantes aprobó en su segundo debate la reforma laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro, con un abrumador respaldo de 91 votos a favor y únicamente cuatro en contra. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones laborales en Colombia, respondiendo a la precarización laboral que ha afectado a miles de trabajadores en el país.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, celebró la aprobación del proyecto, subrayando su importancia en el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ramírez destacó que esta reforma refuerza el compromiso del Gobierno con la promoción del diálogo social y la construcción de un sistema laboral más equitativo. “Queremos un país de derechos donde se garantice un trabajo digno y decente para todos los colombianos”, afirmó la ministra.
- Puede leer: Petro plantea reducir la edad de jubilación
Sin embargo, no todos en el Congreso comparten el mismo entusiasmo. El representante por el Cauca, Óscar Campo, manifestó su preocupación sobre los posibles efectos negativos de la reforma en la economía. Aunque reconoció la necesidad de una transformación en el ámbito laboral, advirtió que es esencial que esta vaya acompañada de medidas que impulsen la productividad y el crecimiento económico. “Debemos asegurarnos de que esta transformación no perjudique a quienes buscamos proteger”, afirmó Campo.
El debate sobre la reforma laboral ha generado diversas opiniones entre diferentes sectores del país. Mientras algunos celebran las mejoras en los derechos laborales y las nuevas oportunidades de empleo digno, otros temen que la iniciativa pueda tener repercusiones negativas para las pequeñas y medianas empresas, así como para el desarrollo económico en general.
El proyecto de ley continuará su curso en el Congreso, enfrentando nuevos retos en las etapas legislativas restantes. La discusión sobre el futuro de los trabajadores en Colombia seguirá ocupando un lugar central en el debate político, mientras el Gobierno busca equilibrar los derechos laborales con las necesidades del crecimiento económico del país.