El desafío, iniciado por el abogado tolimense Nelson Hernández Arteaga y presentado ante el Consejo Nacional Electoral el 1 de agosto, plantea preocupaciones sobre posibles violaciones de elegibilidad que podrían socavar la candidatura de Jaramillo.
El meollo del asunto gira en torno a la interpretación del Artículo 111 de la Ley 2220 de 2022, que establece descalificaciones específicas para los candidatos que buscan el cargo de gobernador. El inciso 6 de este artículo especifica que las personas con vínculos matrimoniales, unión permanente o parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o parentesco civil único con funcionarios que hayan ejercido diversas formas de autoridad en los doce meses anteriores a la elección pueden ser inelegibles. Esto incluye a aquellos que han ocupado roles en esferas civil, política, administrativa o militar, así como a individuos conectados con entidades que supervisan asuntos financieros y de utilidad pública.
El argumento legal de Hernández se centra en la presunta relación entre Mauricio Jaramillo Martínez y su hermano, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien actualmente ocupa el cargo de Ministro de Salud y Protección Social. El nombramiento de Guillermo Alfonso Jaramillo en este cargo, según lo establecido en el Decreto No. 0675 fechado el 1 de mayo de 2023, lo coloca dentro del alcance de los funcionarios cuyas actividades podrían desencadenar posibles conflictos de elegibilidad, según Hernández.
Es crucial destacar que Hernández sostiene que el papel de Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro le otorga autoridad civil y administrativa generalizada en todo el país. Esta afirmación se vuelve fundamental para determinar si la candidatura a la gobernación de Mauricio Jaramillo podría estar en peligro debido a su vínculo familiar.
La disputa legal ha suscitado conversaciones sobre las complejidades de los criterios de elegibilidad en el panorama político. El compromiso inquebrantable de Jaramillo con su candidatura, a pesar de la retirada inicial provocada por la controversia, resalta la importancia de este desafío.
A medida que se desarrollan los procedimientos legales, todas las miradas estarán puestas en la fecha límite del 29 de septiembre, una fecha crítica para que los candidatos realicen modificaciones o retiros basados en motivos constitucionales, legales o de elegibilidad. El resultado de esta batalla legal podría potencialmente reformar los parámetros de la elegibilidad para candidaturas y contribuir a discusiones más amplias sobre las relaciones familiares en el liderazgo político.
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