Ciudadanos denuncian que madrugar a la Secretaría de Movilidad de Ibagué es inútil debido a un esquema de presunta corrupción que prioriza a intermediarios sobre el usuario común.
Usuarios de la Secretaría de Movilidad de Ibagué denuncian una situación insostenible que afecta a quienes intentan realizar trámites legales. Aseguran que madrugar desde las 4:00 a. m. ya no garantiza la atención por la presencia de tramitadores. Estos intermediarios llegan con paquetes de hasta 15 cédulas para acaparar los turnos disponibles frente a los ciudadanos. La falta de respeto hacia el tiempo del contribuyente ha generado una indignación generalizada en la capital tolimense.
La pieza clave de este desorden es, según los denunciantes, el guardia de seguridad encargado de organizar las filas. El celador se presta descaradamente para recibir paquetes de documentos a los tramitadores antes que a los madrugadores. Él decide arbitrariamente a quién se le generan los recibos de pago primero, alterando el orden de llegada. Este comportamiento es calificado por los afectados como un acto de corrupción que ocurre frente a todos.
Los tramitadores gozan de un doble beneficio: son los primeros en entrar y los primeros en recibir atención. Mientras tanto, el ciudadano que asiste con un solo documento queda relegado al final o fuera del proceso. El guardia prioriza el ingreso de sus conocidos, permitiéndoles reclamar recibos de pago sin realizar las esperas legales. Este círculo vicioso impide que el ciudadano de a pie avance, sin importar cuánto tiempo lleve esperando.
La denuncia pública resalta que el guardia maneja a su antojo quién entra y quién se queda fuera. Esta práctica repetitiva ha convertido el acceso a los servicios de movilidad en un negocio para unos pocos. No existe justicia ni orden para el usuario común que pierde horas de sueño tratando de cumplir. La comunidad exige que la Secretaría de Movilidad deje de permitir que un celador decida el destino.
Se describe un sistema vicioso donde los intermediarios y el personal de seguridad actúan con total normalidad y descaro. El perjuicio es total para las personas que intentan hacer sus diligencias de manera individual y transparente. Muchos usuarios terminan abandonando las instalaciones sin poder realizar su trámite tras horas de una espera inútil. La situación refleja una falta de control administrativo grave dentro de la dependencia pública municipal.
Finalmente, el llamado es a que la ciudadanía se entere de esta realidad y se tomen medidas inmediatas. No se puede seguir permitiendo que la corrupción mande por encima de la legalidad y el esfuerzo. La Secretaría de Movilidad debe recuperar el control de sus ingresos para garantizar equidad en la atención. Madrugar debe volver a ser una garantía de servicio y no una pérdida de tiempo para los tolimenses.
