La Fiscalía imputó cargos a dos presuntos responsables del ataque con carro bomba cerca de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, que dejó siete muertos y más de 70 heridos. Los implicados no aceptaron los cargos y seguirán en prisión preventiva mientras avanza la investigación.
La Fiscalía General de la Nación reveló avances en el caso del atentado terrorista ocurrido el pasado 21 de agosto en Cali, cuando un carro bomba explotó a pocos metros de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez. El ataque, que sacudió a la capital del Valle del Cauca, dejó un trágico saldo de siete personas fallecidas y más de 70 heridas, generando alarma nacional por la capacidad destructiva empleada en la acción criminal.
Durante las primeras diligencias judiciales, fueron presentados ante un juez de control de garantías Walter Esteban Yonda Ipía, alias Sebastián, y Carlos Steven Obando, alias El Mono, señalados como responsables materiales del atentado. En la audiencia de imputación, la Fiscalía les formuló cargos por homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte de armas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Pese a la gravedad de los delitos, ambos capturados no aceptaron los cargos, alegando inocencia. No obstante, el juez consideró que existían pruebas suficientes para imponer medida de aseguramiento intramural, por lo que permanecerán en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones. El proceso judicial busca esclarecer la responsabilidad directa y establecer posibles vínculos con estructuras armadas organizadas.
En la audiencia, un fiscal especializado en crimen organizado explicó que el plan criminal contemplaba la detonación de dos vehículos cargados con explosivos frente a la base aérea, para luego huir antes del estallido. Aunque solo uno de los automotores explotó, la magnitud de la carga evidencia la intención de causar un daño masivo. El hecho se enmarca en la creciente ofensiva de grupos armados ilegales en el suroccidente del país.
Tras el ataque, el Gobierno Nacional activó la operación Sultana, una estrategia militar y policial para contener la expansión de las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Este plan incluye mayor presencia de tropas, patrullajes permanentes y control en corredores estratégicos, con el objetivo de evitar que se repitan hechos como el ocurrido en Cali. Las autoridades locales también han fortalecido los esquemas de seguridad en instalaciones militares y policiales.
De acuerdo con las investigaciones, el material explosivo utilizado en el atentado fue trasladado desde Corinto, Cauca, hasta Cali, recorriendo varios municipios antes de llegar a su destino. En total, se emplearon 358 kilos de explosivos distribuidos en ocho cilindros de 100 libras, cinco cilindros de 40 libras y 36 artefactos tipo tatuco, además de cordón detonante y detonadores eléctricos. La mezcla incluía nitrato de amonio y polvo de aluminio, lo que incrementó la potencia destructiva.
En paralelo, el Ministerio de Defensa anunció el incremento de recompensas para capturar a los cabecillas de la ‘Estructura 36’, vinculada al cartel de alias ‘Calarcá’. Se ofrecen hasta 300 millones de pesos por información que permita ubicar a alias Chejo o Alejandro y a alias Guaricho o Eléctrico. Estas medidas hacen parte de un plan integral para golpear las finanzas y el poder operativo de las disidencias que atentan contra la seguridad nacional.
Finalmente, las autoridades informaron que este año se han realizado 28 operaciones ofensivas en Antioquia y el suroccidente, logrando la neutralización de más de 100 integrantes de grupos criminales, la incautación de armamento y la recuperación de menores reclutados. Pese a estos avances, el ministro Pedro Sánchez reiteró que el Estado no descansará hasta garantizar la seguridad y llevar ante la justicia a los responsables del atentado que conmocionó al país.
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