El Tribunal Superior de Bogotá revocó la solicitud de casa por cárcel y ordenó la captura inmediata de los exjefes de las carteras de Hacienda e Interior por la compra de votos en el Congreso.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dictó una decisión que sacude los cimientos del Gobierno Nacional al ordenar la detención en centro carcelario de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La magistratura determinó que ambos exfuncionarios están seriamente comprometidos en un entramado de corrupción administrativa de alto nivel vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según el fallo, existió una utilización sistemática de los cargos ministeriales para direccionar recursos públicos con claros fines políticos y electorales. La justicia descartó la detención domiciliaria solicitada inicialmente por la Fiscalía, argumentando que la gravedad de los hechos exige una medida intramural. Para el Tribunal, la jerarquía de los cargos ocupados por los procesados agrava la naturaleza de los delitos imputados en el expediente.
En su análisis jurídico, el Tribunal destacó que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, mantenía un contacto permanente y estratégico con diversos congresistas para asegurar apoyos legislativos. La Sala fue enfática al señalar que las actuaciones investigadas no fueron producto de la improvisación, sino de un plan meticulosamente estructurado desde el Ejecutivo. Se habló de una verdadera “división de tareas” dentro de lo que los magistrados calificaron como una “empresa criminal” de amplio alcance. Este diseño delictivo tenía como único propósito comprar la voluntad de los legisladores para garantizar votaciones favorables a las reformas del Gobierno. Las pruebas recaudadas sugieren que el presupuesto nacional fue utilizado como moneda de cambio para intereses políticos particulares.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. A pesar de la contundencia de los señalamientos, tanto Bonilla como Velasco se declararon inocentes durante la audiencia realizada el pasado primero de diciembre. El ente acusador sostiene que en las sedes de los ministerios de Hacienda e Interior se impartieron instrucciones precisas para la entrega de contratos. Estas reuniones, celebradas en el centro de Bogotá, habrían sido el epicentro donde se pactaron las prebendas exigidas por varios congresistas. La investigación apunta a que los recursos de la UNGRD fueron la principal fuente de financiación para este esquema ilegal.
Durante el proceso judicial, la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, resultó determinante para la decisión tomada por el Tribunal Superior. La testigo aseguró haber estado presente en encuentros clave donde se coordinó el direccionamiento de los dineros públicos hacia sectores específicos del legislativo. Su testimonio otorgó plena credibilidad a la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de un plan criminal orientado a sobornar parlamentarios. La exasesora se convirtió en la pieza central del rompecabezas que permitió a los magistrados entender la dinámica interna de la red de corrupción. Gracias a sus aportes, se pudo establecer la ruta de los contratos que se ofrecieron a cambio de votos positivos.
El Tribunal Superior de Bogotá fue enfático al descartar cualquier beneficio de detención domiciliaria para los procesados, contradiciendo la postura inicial de la propia Fiscalía General. Para los magistrados, el presunto uso indebido del poder estatal impide otorgar un trato diferencial a quienes ostentaron las carteras más importantes del país. La decisión subraya que la protección del erario y la moralidad administrativa están por encima de cualquier consideración personal sobre los exfuncionarios. Esta determinación marca un precedente judicial de alto impacto, enviando un mensaje de severidad frente a los escándalos que afectan la transparencia pública. Con la orden de captura vigente, el proceso entra en una etapa crítica que pone a prueba la solidez de las instituciones.
Finalmente, este fallo representa uno de los golpes judiciales más contundentes contra la administración del presidente Gustavo Petro en lo que va de su mandato constitucional. El escándalo de la UNGRD sigue ramificándose y salpicando a altos círculos del poder, generando una crisis de credibilidad en los procesos de contratación estatal. El país observa con atención el desarrollo de un expediente que promete revelar más nombres de legisladores implicados en la recepción de sobornos. Mientras Bonilla y Velasco preparan su defensa desde la reclusión, la justicia continúa recolectando pruebas técnicas y testimoniales para esclarecer el alcance total. La lucha contra la corrupción en las altas esferas del Estado colombiano parece haber tomado un nuevo y definitivo rumbo judicial.
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