El representante del Centro Democrático calificó al presidente Gustavo Petro como “bárbaro” y “dictador” por su intención de convocar una consulta popular sin aprobación del Congreso, considerándola una estrategia para desviar la atención de los escándalos gubernamentales.
El representante a la Cámara por el Tolima, Carlos Edward Osorio, del partido Centro Democrático, lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, calificándolo de “bárbaro” y “dictador” por su intención de convocar una consulta popular mediante decreto. Osorio argumentó que esta medida es inconstitucional y busca desviar la atención de los escándalos que enfrenta el gobierno.
“Es un bárbaro que no ha entendido que fue elegido presidente de la república y no dictador”, expresó Osorio, señalando que Petro intenta tapar los escándalos de su administración con decisiones que calificó de “locuras”, como la convocatoria de una consulta popular por decreto, lo cual considera abiertamente ilegal .
El presidente Petro anunció su intención de convocar una consulta popular por decreto tras el rechazo del Senado a su propuesta de reforma laboral. Argumentó que hubo fraude en la votación y que un juez ordenó repetirla en las próximas 48 horas .
Osorio advirtió que esta decisión representa una ruptura institucional y un desafío al orden constitucional. Afirmó que el presidente está sobrepasando los límites de su función al tomar decisiones que corresponden a la Rama Judicial .
El representante también cuestionó la viabilidad financiera de la consulta popular, señalando que el gobierno no puede destinar recursos para promover el “sí” en un proceso que debe ser neutral. Criticó la falta de rigor en la propuesta y la calificó de “idea lanzada al país sin el mínimo rigor” .
Diversos sectores políticos y jurídicos han expresado su preocupación por la decisión del presidente Petro, advirtiendo que podría constituir una grave desviación de los principios democráticos .
El anuncio de la consulta popular por decreto ha generado un fuerte debate en Colombia, con cuestionamientos sobre su legalidad y el respeto al orden institucional .
La Corte Constitucional deberá evaluar la legalidad de la decisión presidencial, mientras el país enfrenta una creciente polarización política y una crisis institucional.
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