La fiscalía estadounidense reformuló su caso contra Nicolás Maduro, dejando de presentar al “Cartel de los Soles” como una estructura formal y enfocando la acusación en un presunto sistema de corrupción y clientelismo estatal que habría facilitado el narcotráfico internacional, según documentos judiciales revelados en Nueva York.
La justicia de Estados Unidos ajustó su estrategia judicial contra Nicolás Maduro al presentar un nuevo indictment superseding que redefine el enfoque de las acusaciones por narcotráfico. En el documento, el “Cartel de los Soles”, durante años señalado como el eje de la imputación, deja de figurar como una organización criminal formal y pasa a ser descrito como una dinámica de corrupción enquistada en el aparato estatal venezolano.
De acuerdo con la fiscalía, el nuevo enfoque sostiene que el narcotráfico no operaba a través de un cartel estructurado, sino mediante un sistema de patrocinio político y clientelismo que habría permitido proteger rutas, cargamentos y aliados criminales. Bajo esta tesis, Maduro es señalado de abusar del poder estatal para favorecer el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
El expediente judicial mantiene cargos graves como narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas, argumentando que el presunto entramado corrupto facilitó alianzas con organizaciones armadas y criminales. Entre los grupos mencionados figuran disidencias de las FARC, carteles mexicanos y redes criminales transnacionales como el Tren de Aragua.
Según la acusación, instituciones del Estado venezolano habrían sido utilizadas para garantizar logística, protección y transporte de drogas. Aeropuertos, empresas públicas y estructuras militares aparecen citadas como parte de los mecanismos que, presuntamente, permitieron el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense.
El documento judicial también vincula a figuras del entorno familiar y político de Maduro. Entre ellas, su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra, señalados de participar en operaciones de coordinación, transporte y encubrimiento, siempre bajo la lógica de un sistema de lealtades políticas y beneficios económicos.
Asimismo, aparecen mencionados altos dirigentes del chavismo como Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a quienes la fiscalía atribuye roles clave en la protección de rutas y en la articulación con grupos armados ilegales, según la narrativa expuesta en el proceso judicial.
Analistas internacionales interpretan este giro como una estrategia legal para fortalecer el caso, al centrar la acusación en pruebas de corrupción estatal en lugar de demostrar la existencia de un cartel con jerarquías formales. Este cambio, señalan, podría facilitar la presentación de testimonios, documentos y cooperación de antiguos funcionarios.
El proceso judicial, que se desarrollaría en Nueva York, ha generado reacciones divididas en la comunidad internacional. Mientras sectores políticos en Estados Unidos lo presentan como un golpe al narcotráfico, aliados de Venezuela denuncian una violación a la soberanía, en un contexto donde el juicio podría tener profundas repercusiones políticas y geopolíticas en la región.
