La actualización catastral en Ibagué enfrenta denuncias por presuntas irregularidades, fallas técnicas y cuestionamientos legales, mientras crece la inconformidad ciudadana y persiste el silencio del Concejo Municipal frente a una posible crisis en el sistema tributario local.
La situación que hoy se presenta en Ibagué con la actualización catastral dejó de ser una simple percepción ciudadana y se consolidó como un escándalo respaldado por denuncias públicas, medios de comunicación y cuestionamientos técnicos que la administración no ha logrado disipar. Distintos reportes de prensa coinciden en un punto central: el proceso está rodeado de dudas, inconsistencias y posibles irregularidades.
Se han revelado denuncias de habitantes sobre irregularidades en la tarifa del impuesto predial y en los avalúos catastrales, lo que ha llevado a exigir una revisión urgente del proceso. No se trata de una voz aislada, sino de una alerta que surge desde el territorio y que cada vez cobra mayor fuerza entre la ciudadanía.
A esto se suma un hecho aún más grave: según reportes recientes, expertos y actores jurídicos han advertido fallas técnicas y jurídicas en la actualización catastral, incluso señalando la posibilidad de un nuevo “predialazo” en la ciudad. La preocupación ya no solo es social, sino también técnica y legal.
Pero quizá lo más contundente es lo que ocurre en el propio proceso administrativo. De acuerdo con información publicada, persisten dudas sobre la legalidad de los avalúos, incluyendo posibles errores en la incorporación de datos, inconsistencias técnicas y cuestionamientos sobre la publicación incompleta de actos administrativos clave.
Es decir, no se trata de simples inconformidades ciudadanas. Se estaría frente a posibles vicios estructurales en el proceso catastral. Aun así, la administración insiste en que todo está en regla y defiende la legalidad del procedimiento adelantado.
Según declaraciones oficiales, apenas el 1 % de los predios ha presentado reclamaciones, con cerca de 658 solicitudes formales. Sin embargo, este dato, lejos de generar tranquilidad, abre nuevas dudas sobre el alcance real de las inconformidades.
En una ciudad con más de 120 mil predios intervenidos, sostener que solo el 1 % presenta problemas no necesariamente refleja eficiencia, sino posibles barreras como desinformación, dificultades de acceso y temor ciudadano a enfrentar un sistema complejo. Además, el propio gobierno ha reconocido la necesidad de abrir espacios de orientación, corregir avalúos y ajustar predios.
El debate adquiere un tinte político ante la falta de pronunciamientos contundentes del Concejo Municipal. Mientras se acumulan denuncias, reportes y cuestionamientos, no se evidencian debates de fondo ni un ejercicio sólido de control político, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un silencio cómplice frente a la situación.
En este contexto, también se cuestiona el trasfondo fiscal del proceso. El catastro aparece como una herramienta para aumentar el recaudo en una ciudad con dificultades financieras y una deuda que supera los 350 mil millones de pesos. Sin embargo, críticos señalan que, en lugar de aplicarse un criterio de justicia tributaria, se habría implementado una lógica regresiva que impacta con mayor fuerza a sectores vulnerables.
Ibagué enfrenta así una coyuntura que exige más que explicaciones técnicas. Se requieren correctivos, transparencia y liderazgo institucional. Cuando el catastro pierde legitimidad, no solo se afecta el sistema tributario, sino también la confianza ciudadana, un elemento fundamental que no se restablece únicamente con actos administrativos o comunicados oficiales.
Por: POLO
