Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, reveló una alarmante denuncia sobre un supuesto ofrecimiento de 8 millones de dólares para atentar contra figuras clave del uribismo. Exige protección inmediata y respuesta del Gobierno ante el riesgo creciente de violencia política.
En una grave advertencia realizada desde Bogotá este lunes, el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, denunció la existencia de un supuesto plan criminal que ofrecería una recompensa de 8 millones de dólares por atentar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y los líderes María Fernanda Cabal, la periodista Vicky Dávila y el abogado Abelardo De la Espriella.
Según Vallejo, esta amenaza circula en “estructuras radicales del aparato criminal” y representa un atentado directo no solo contra la vida de figuras públicas, sino también contra la democracia misma. Por ello, pidió al Gobierno nacional activar protocolos extraordinarios de seguridad.
El pronunciamiento ocurre en medio de una tensa coyuntura política y de seguridad, marcada por el atentado reciente contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico tras recibir varios disparos en Bogotá. La denuncia ha generado alarma en sectores políticos y sociales.
Desde el Senado, Vallejo señaló que el Ejecutivo debe actuar con prontitud, advirtiendo que cualquier dilación en la investigación o en el fortalecimiento de los esquemas de protección podría tener consecuencias irreparables.
El partido Centro Democrático también llamó a reforzar la inteligencia del Estado y a rastrear el origen de esta amenaza, que describen como un “acto terrorista de altísimo nivel”, cuya posible ejecución sería catastrófica para la institucionalidad del país.
Hasta el momento, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha emitido una declaración oficial sobre la denuncia. Sin embargo, se espera que la Unidad Nacional de Protección y otras agencias respondan con medidas de contención y protección.
Expertos en seguridad advierten que amenazas colectivas de esta magnitud deben tomarse con la mayor seriedad y activarse los mecanismos de cooperación internacional, especialmente si se confirma el involucramiento de estructuras transnacionales.
Analistas consultados coinciden en que este nuevo episodio pone a prueba la capacidad del Estado colombiano de garantizar un clima electoral seguro, en un momento donde la polarización política ha alcanzado niveles alarmantes.
Los sectores opositores han señalado que existe un ambiente de persecución y miedo que atenta contra las garantías de participación, mientras piden al Gobierno asumir un liderazgo neutral que permita desactivar los discursos de odio.
La denuncia de Vallejo reabre el debate sobre el deterioro del debate público, la fragilidad de la convivencia democrática y la urgencia de restablecer canales institucionales de diálogo entre sectores en confrontación.
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