El cantante de boleros Charlie Zaa fue acusado por la Fiscalía General de la Nación de ser testaferro del Bloque Tolima de las AUC. Bienes avaluados en más de $25.000 millones habrían sido utilizados como fachada para lavar activos. El caso salpica al barretismo y a estructuras de poder en Ibagué y el Tolima.
La Fiscalía General de la Nación sorprendió este fin de semana al anunciar que el cantante Charlie Zaa está siendo investigado por presunta participación como testaferro del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según el ente acusador, Zaa habría administrado bienes del comandante paramilitar Daniel Goyeneche, alias “Daniel”, y habría servido de enlace para operaciones de lavado de activos entre 2003 y 2010.
El caso incluye la extinción de dominio sobre propiedades que superan los $25.000 millones, entre ellas la discoteca Kapachos en Ibagué, el centro comercial El Oasis en Girardot y la discoteca Solaris, sitios que habrían funcionado como fachadas para lavar dineros obtenidos mediante actividades ilegales. La Fiscalía ha recopilado testimonios de exparamilitares que confirman reuniones, pagos y negocios realizados por Zaa en fincas de Melgar, El Guamo y Girardot.
“El bolerista de la mafia”, como ya lo llaman en redes sociales, no solo figura como artista, sino como actor activo en la administración de bienes ilegales del Bloque Tolima. La acusación pone de nuevo en evidencia la persistencia del paramilitarismo urbano y sus vínculos con la farándula, la política y el empresariado regional.
La revelación ha despertado una oleada de reacciones en Ibagué, donde se cuestiona la aparente complicidad de sectores políticos con estas redes. Activistas y líderes sociales han exigido investigar posibles nexos con estructuras tradicionales de poder, en especial el llamado “barretismo”, movimiento político que ha dominado la región durante más de dos décadas.
Entre los señalamientos más graves está la denuncia de que figuras del actual gabinete municipal y departamental podrían haber sido financiadas por estas estructuras criminales, lo que pone en entredicho la transparencia de procesos electorales y contractuales. La alcaldesa Johana Aranda aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, aunque voces ciudadanas reclaman respuestas.
El escándalo también ha puesto en tela de juicio el papel de los medios regionales, que hasta el momento han guardado silencio frente a las revelaciones de la Fiscalía. Desde la sociedad civil se denuncia que existe un cerco mediático que protege a poderosos implicados y que impide el avance de la verdad.
La Fiscalía anunció que este caso apenas es el comienzo de una serie de operativos y judicializaciones que buscarán desmantelar una red de lavado de activos y corrupción en el Tolima, en la que estarían involucrados artistas, empresarios y funcionarios públicos.
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