El presidente Gustavo Petro cuestionó la política monetaria del Banco de la República y anunció un plan de choque económico para mitigar sus efectos en el crecimiento, el empleo y el bolsillo de los colombianos.
Un nuevo pulso institucional se desató en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro lanzara fuertes críticas contra el Banco de la República, cuestionando su política de tasas de interés altas y calificándola como perjudicial para la economía nacional.
El mandatario aseguró que la estrategia del Emisor para controlar la inflación está afectando directamente la producción, el empleo y el bienestar de los ciudadanos, al limitar el acceso al crédito y frenar la dinámica económica en distintos sectores del país.
Incluso, Petro fue más allá al afirmar que este enfoque podría ser “inconstitucional”, argumentando que no se puede permitir que la política monetaria detenga el desarrollo social y económico alcanzado durante su gobierno.
En respuesta a este escenario, el Ejecutivo presentó un “Plan de Choque Económico”, una estrategia orientada a mitigar los impactos de la coyuntura internacional y de las decisiones del banco central sobre la economía interna.
Uno de los pilares del plan está enfocado en el sector vivienda, donde se propone reactivar la construcción mediante subsidios, tasas de interés bajas y una mayor participación del Estado, incluyendo programas de mejoramiento habitacional y energías limpias como “Colombia Solar”.
Otro componente clave es la intervención en los costos de los fertilizantes y del maíz, con el fin de fortalecer la producción agrícola, garantizar la soberanía alimentaria y reducir el impacto de factores externos como la guerra en Medio Oriente sobre los precios.
El Gobierno también plantea impulsar el crédito popular para combatir prácticas informales como el “gota a gota”, facilitando el acceso a financiamiento para pequeños productores y sectores de la economía popular, incluso mediante mecanismos de inversión forzosa si es necesario.
Finalmente, el plan contempla medidas de eficiencia energética y reducción del consumo de combustibles fósiles, promoviendo la transición hacia energías limpias, mientras se fortalece la reforma agraria y se prioriza la entrega de tierras a campesinos, en un intento por sostener el crecimiento económico en medio de tensiones institucionales.
