La medida fue tomada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué en respuesta a una acción legal presentada por Paula Katherine Ramos, representante legal de Cotrautol.
La tutela en cuestión exigía una respuesta detallada sobre por qué se excluyó a las empresas de transporte como operadoras del recaudo del SETP. A pesar de que el representante legal del SETP argumentó que se había proporcionado una respuesta, se descubrió que esta respuesta omitió sin justificación la emisión de 25 documentos solicitados.
El juez encargado del caso concluyó que no existían elementos de convicción que demostraran que el SETP había cumplido debidamente con la orden emitida. En consecuencia, se declaró en desacato a César Yañez.
La sanción impuesta incluye cinco días de arresto, que deberán cumplirse en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones adscrito a la Fiscalía General de la Nación, además del pago de la multa mencionada. El juez advirtió que, en caso de no pagar la multa oportunamente, se procedería a su cobro coactivo por el ente competente.
Esta sanción se suma a una serie de medidas legales impuestas contra funcionarios de la Alcaldía de Ibagué en los últimos meses, incluyendo al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, y al secretario de Desarrollo Rural.
La decisión judicial destaca la importancia del cumplimiento de las órdenes judiciales y el respeto por los derechos de petición en el marco del funcionamiento del SETP en la ciudad.
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