Además del ya conocido caso de Ciro Ramírez, otros influyentes personajes de la política tolimense, como Miguel Barreto y Pierre García, han sido señalados en un informe periodístico. Según el reporte, las coimas que habría recibido Ciro Ramírez, alcanzando la asombrosa suma de casi $1.000 millones, fueron repartidas junto a García, quien ocupó el cargo de director general de Prosperidad Social durante la administración de Iván Duque.
Estos sobornos estarían relacionados con el direccionamiento de contratos para la construcción de obras en Tolima y Quindío, en los cuales estos políticos habrían ejercido su influencia. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha detallado que, en una de las reuniones, tanto el senador Ciro Ramírez como García Jacquier habrían exigido obtener el 10% del valor total de los contratos como coima. De acuerdo con un testigo del tribunal, las contrataciones se realizaban a través de invitaciones privadas a personas seleccionadas por García y sus aliados políticos.
Además de Ciro Ramírez, se anunció que se abrirán investigaciones contra el senador Miguel Ángel Barreto, así como otros políticos destacados como Juan Felipe Lemos, Carlos Abraham Jiménez, Carlos Fernando Motoa y Samy Merheg, quienes también se encuentran bajo sospecha de estar involucrados en estas actividades corruptas. Se ha aclarado que los recursos utilizados para amañar los contratos provenían del Fondo de Inversión para la Paz.
Estas revelaciones han generado un gran impacto en la sociedad tolimense, que clama por una investigación exhaustiva y el castigo ejemplar de los responsables de estos actos de corrupción. La ciudadanía exige transparencia y que se haga justicia en este caso, para enviar un mensaje claro de que no se tolerará la impunidad.
Finalmente, la corrupción es un flagelo que socava la confianza en las instituciones y perjudica el desarrollo del país. Es fundamental que se refuercen los mecanismos de control y se promueva la ética en la función pública. Las autoridades correspondientes deberán llevar a cabo una investigación rigurosa y garantizar que aquellos implicados en estos actos ilícitos sean llevados ante la justicia y enfrenten las consecuencias de sus acciones. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para construir un país más justo y transparente.
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