El Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué admitió una acción popular presentada por el ciudadano Héctor Javier Ossa Alarcón contra el Departamento del Tolima, en la que se exige la intervención urgente y pavimentación de la vía Anzoátegui–San Bernardo, afectada por el abandono y el deterioro que ponen en riesgo la vida y la economía de cientos de habitantes rurales.
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué admitió una acción popular interpuesta por el ciudadano Héctor Javier Ossa Alarcón contra el Departamento del Tolima, con el objetivo de que se garantice la protección de los derechos colectivos vulnerados por el deterioro de la vía que comunica al municipio de Anzoátegui con el corregimiento de San Bernardo, en zona rural de la capital tolimense.
La acción judicial busca que el ente departamental ejecute obras de pavimentación, señalización y mitigación de riesgos en este corredor estratégico, considerado vital para la conectividad agropecuaria y el desarrollo económico de la región. Según la demanda, la vía presenta “desniveles, grietas, huecos y hundimientos” que representan un peligro inminente para la comunidad.
El auto, expedido el pasado 28 de octubre de 2025 por el juez Luis Manuel Guzmán, ordena notificar a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que entreguen informes sobre las posibles omisiones institucionales y las medidas adoptadas frente a la problemática.
El demandante explicó que, aunque se han realizado intervenciones parciales, como la construcción de cinco kilómetros en placa huella en el sector de Lisboa y algunos mantenimientos con maquinaria, las acciones han sido insuficientes y no responden a una solución estructural. “Durante años se han hecho promesas sin resultados, mientras la vía sigue siendo una trampa mortal”, señaló Ossa Alarcón.
El ciudadano recalcó que esta carretera fue concebida como un corredor alterno para potenciar la economía rural y el comercio entre Anzoátegui e Ibagué. No obstante, la falta de pavimentación integral mantiene aisladas a decenas de veredas, afectando la movilidad de campesinos, estudiantes y pacientes que requieren atención médica urgente.
Entre las pretensiones de la acción popular, se solicita al juez ordenar a la Gobernación del Tolima destinar los recursos necesarios para la recuperación total de la vía con material asfáltico de alta resistencia y obras complementarias que garanticen seguridad vial y conectividad sostenible.
Ossa Alarcón enfatizó que la demanda no busca confrontación política, sino soluciones reales frente al abandono histórico de la infraestructura vial del norte del Tolima. “Los habitantes ya no creen en discursos ni en fotos. Necesitamos vías dignas que no pongan en riesgo la vida”, puntualizó.
El proceso judicial continuará con la audiencia especial de Pacto de Cumplimiento, en la cual las partes deberán presentar compromisos concretos para atender las exigencias ciudadanas. Aunque aún no se ha fijado fecha, el juzgado advirtió que las demoras del proceso dependerán de la congestión judicial existente.
Los ciudadanos interesados podrán hacer seguimiento a este caso a través del portal SAMAI de la Rama Judicial, bajo el radicado 73001-33-33-010-2025-00223-00, donde se publicarán las actuaciones y decisiones del proceso.
Con esta acción, la comunidad de Anzoátegui y San Bernardo espera que se marque un precedente en la defensa de los derechos colectivos y se logre finalmente la pavimentación de una vía que simboliza el abandono histórico de las zonas rurales del Tolima.
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