La precandidata presidencial Claudia López respaldó la condena a 12 años con arresto domiciliario contra Álvaro Uribe, pidió al Tribunal Superior no permitir que el caso prescriba y propuso impulsar una “Ley de Punto Final” para cerrar la historia del conflicto armado, priorizando a las víctimas.
La precandidata presidencial Claudia López Hernández recordó que la condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe por la jueza Sandra Heredia fue emitida “con plenas garantías, pruebas y por decisión propia del acusado”, y recalcó que ahora es responsabilidad del Tribunal Superior emitir una decisión definitiva.
Uribe Vélez fue sentenciado a 144 meses (12 años) de prisión, que deberá cumplir bajo arresto domiciliario, y recibir una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos. La condena también incluye una inhabilitación por más de ocho años para ejercer cargos públicos.López hizo un llamado muy claro: “Que Uribe no sea otro que quede libre por vencimiento de términos. Que el Tribunal tome una decisión definitiva en segunda instancia”, argumentando que ese es “un derecho de Colombia, y en particular de los 10 millones de víctimas del conflicto”.
La dirigente también lanzó una propuesta institucional: “Como presidenta electa lideraré un proceso y Ley de Punto Final que cierre definitivamente la página del conflicto armado, sus victimarios, víctimas y consecuencias”, declarando que es hora de “doblar esa página de nuestra historia”.
López sostuvo que ese cierre permitiría reenfocar la justicia hacia las amenazas actuales, especialmente el crimen organizado, y así “concentrar la justicia en las prioridades de la gente, en vez de seguir atrapada en el círculo vicioso de los guerrilleros y paramilitares del pasado”. La propuesta busca no solo cerrar procesos abiertos del pasado, sino garantizar verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas, mientras se defiende el fortalecimiento institucional y la independencia judicial.
La reacción generada por sus declaraciones reabre el debate sobre la agenda de transición postconflicto en Colombia, en medio de una polarización política y expectación jurídica sobre lo que podría ser una sentencia histórica. Mientras esto ocurre, la defensa de Uribe ya anunció la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, en uno de los casos más seguidos y complejos de la política colombiana.
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