El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un comunicado de prensa el 28 de noviembre rechazando “de manera categórica” las declaraciones, ataques personales y señalamientos dirigidos contra sus magistrados y conjueces. Estos ataques se originaron a raíz de una reciente decisión de la Sala Plena sobre supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha levantado su voz en defensa de la integridad de sus miembros tras una ola de ataques y señalamientos públicos. Mediante un comunicado de prensa emitido el 28 de noviembre de 2025 en Bogotá, la Corporación rechazó de manera categórica las recientes agresiones verbales dirigidas contra magistradas, magistrados y conjueces.
La causa directa de esta controversia es la decisión adoptada por la Sala Plena del CNE con respecto a las presuntas irregularidades encontradas en la financiación de la campaña presidencial de 2022. El Consejo Nacional Electoral enfatizó que cualquier ataque o declaración que pretenda deslegitimar o desacreditar la labor de sus funcionarios será rechazado firmemente.
El organismo electoral hizo un llamado a la mesura, subrayando que todas las actuaciones de la Corporación se desarrollan dentro de un proceso estricto, ceñido a la Constitución, la ley y sus reglamentos internos. Esta aclaración busca disipar cualquier duda sobre la legalidad y transparencia con la que se toman las decisiones en el seno del CNE.
Es fundamental, de acuerdo con el comunicado, resaltar que las decisiones del CNE se adoptan de manera colegiada, motivada y transparente, sin atender presiones políticas, mediáticas o particulares. Este principio es crucial para garantizar la autonomía e independencia que requiere el organismo para cumplir con su función constitucional en materia electoral.
El CNE recordó que quienes participan en la deliberación y votación de las decisiones lo hacen en ejercicio de una función pública constitucionalmente protegida. Por ello, es indispensable salvaguardar la independencia de este cuerpo colegiado de todo ataque que busque minar la confianza en su labor institucional y su legitimidad.
Finalmente, el Consejo Nacional Electoral enfatizó la necesidad de que todo acto administrativo emitido por la Corporación se ajuste a los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas. Esto implica una valoración rigurosa de los medios probatorios y una deliberación que garantice la imparcialidad y lealtad con la administración pública.
El comunicado también aseguró que los interesados en el proceso cuentan con todos los recursos legales contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano para controvertir las decisiones adoptadas. Esto garantiza el pleno ejercicio del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa que asiste a todos los actores involucrados en el caso de la financiación de la campaña.
Con esta declaración, el CNE busca blindar la autoridad y la imparcialidad de sus miembros frente a la intensa presión pública y política que ha generado la investigación y la decisión sobre la financiación electoral, reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones.
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