El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia suspenderá vínculos diplomáticos y comerciales con Israel luego de que las fuerzas israelíes interceptaran la flotilla humanitaria Global Sumud en aguas internacionales y detuvieran a las ciudadanas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto. La decisión se enmarca como una respuesta firme del Gobierno ante lo que se considera una violación al derecho internacional.
El presidente Gustavo Petro informó este 1° de octubre que Colombia tomará medidas radicales al suspender relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, ante la confirmación de que dos ciudadanas colombianas han sido retenidas por fuerzas israelíes mientras participaban en una misión humanitaria hacia Gaza. La medida representa un golpe diplomático relevante en la política exterior del país.
De acuerdo con el movimiento Global Sumud, la flotilla fue interceptada cuando se encontraba a unas 150 millas náuticas en una zona considerada de alto riesgo. El barco HIO, que llevaba a las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, fue abordado por fuerzas marítimas israelíes, denuncia que ha sido calificada como una violación al derecho internacional y a los Convenios de Ginebra.
La reacción del Gobierno fue inmediata: exigió la liberación de las compatriotas y definió la retención como un acto inaceptable. En su pronunciamiento, Petro acusó al Estado israelí de cometer un “nuevo crimen internacional” y prometió acciones diplomáticas contundentes para garantizar su retorno seguro.
Una de las primeras respuestas fue elevar la denuncia ante organismos multilaterales. Colombia pretende que la comunidad internacional se pronuncie y que Israel sea sometido a sanciones diplomáticas. Además, el Gobierno anunció que acompañará con asesoría jurídica internacional la defensa de las colombianas retenidas.
Desde la sociedad civil, el movimiento Global Sumud convocó manifestaciones pacíficas en varias ciudades del país. En su comunicado, reprocharon que si Israel “bloquea la ayuda humanitaria, bloqueamos el flujo económico”, e hicieron un llamado a movilizarse frente a sedes de entidades como la ANDI, sobre cuyas relaciones con Israel pusieron en tela de juicio.
Organizaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles y sectores políticos se sumaron en respaldo a Bedoya y Barreto, exigiendo al Ejecutivo mantener firme su posición y evitar que el incidente quede en un reclamo simbólico sin consecuencias reales. El pronunciamiento incluyó críticas al silencio comercial y diplomático previo frente al conflicto.
Las autoridades locales también reaccionaron. La gobernadora del Tolima y la alcaldesa de Ibagué, departamento del cual provienen las ciudadanas retenidas, ofrecieron respaldo público a las familias y exigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores mantener contacto permanente con ellas. En los municipios ya se anuncian actos solidarios.
En el Congreso, algunos legisladores del Pacto Histórico respaldaron la ruptura con Israel y urgieron a que otros países latinoamericanos actúen de forma similar. Sin embargo, opositores advirtieron que la medida podría generar tensiones en comercio exterior, inversiones y cooperación bilateral en temas como seguridad y tecnología.
El caso sigue abierto y bajo monitoreo internacional. La Cancillería colombiana declaró que priorizará el bienestar y la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, mientras recopila pruebas documentales para desmontar los argumentos de Israel y convencer a la comunidad global de respaldar la posición colombiana.
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