En medio de la creciente tensión política, un nuevo escándalo sacude al Senado colombiano. Documentos recientes revelan que el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, recibió un contrato de prestación de servicios por $37.717.310 con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) en diciembre de 2020, poco antes de asumir su cargo legislativo.
El contrato, ejecutado entre el 1 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021, ha generado controversia por incluir días festivos como el 8, 25 y 31 de diciembre, cuando usualmente no se trabaja. Este hecho ha levantado críticas, especialmente dado el contexto de sus vehementes denuncias contra la corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, se ha destacado por sus contundentes críticas al gobierno actual. En un reciente mensaje en la red social X, el senador acusó al gobierno de Petro de corrupción, afirmando: “El asunto es que roban para usted. Gobierno corrupto. Reformas corruptas. ¿Por qué Petro está dispuesto a sobornar por la aprobación de las reformas?”. Sin embargo, la revelación de su contrato con la UNGRD pone en entredicho su postura.
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La indignación pública no se ha hecho esperar. Ciudadanos y analistas políticos han calificado el contrato como “una bofetada al erario público” y una “burla contra los colombianos”. Esta situación resalta la incoherencia entre las palabras y acciones de algunos políticos que, como Uribe Turbay, critican la corrupción mientras se benefician del sistema que denuncian.
Carolina Veloza, directora del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) y ahora vinculada al caso por sus declaraciones, expresó la necesidad de revisar los procesos de contratación en la UNGRD para evitar futuras irregularidades. “Este tipo de situaciones no puede repetirse. Debemos ser transparentes y responsables con los recursos públicos”, afirmó.
El escándalo ha puesto en duda la integridad de Uribe Turbay y ha subrayado la necesidad de mayor transparencia en la gestión pública. La ciudadanía exige explicaciones claras y medidas concretas para evitar que se repitan estos casos.
