El cabildante Andrés Sánchez cuestionó la legalidad del convenio firmado por la Alcaldía y advirtió que la colocación de palcos y el cobro de entradas marginan a la comunidad de bajos recursos, lo que podría constituir un detrimento patrimonial.
Las fiestas patronales de Mariquita, uno de los eventos más esperados por la comunidad, se convirtieron en el centro de la controversia tras la denuncia del concejal Andrés Sánchez, del partido Dignidad y Compromiso. El cabildante advirtió que la instalación de palcos durante las celebraciones podría implicar un detrimento patrimonial y, además, excluir a los sectores más vulnerables de participar en las actividades culturales y artísticas.
Según el concejal, en el convenio suscrito entre la administración municipal y una entidad sin ánimo de lucro, no existía ninguna cláusula que autorizara la colocación de palcos en los escenarios públicos. Esta omisión, a su juicio, pone en tela de juicio la transparencia de la contratación y la verdadera intención de las autoridades frente a la organización de las festividades.
Sánchez sostuvo que la decisión no solo afecta la esencia popular de las fiestas, sino que también genera un escenario de desigualdad social. Aseguró que traer artistas de renombre internacional, como el cantante de música popular Yeison Jiménez, pierde sentido si la mayoría de los habitantes no pueden acceder a los conciertos debido a los costos adicionales de las entradas.
“El espíritu de las fiestas patronales es que sean para todos, sin distinción de estrato o condición económica. Convertirlas en un espectáculo privado es darle la espalda al pueblo”, enfatizó el cabildante durante la sesión del Concejo Municipal, donde dejó constancia formal de su inconformidad.
El concejal también expresó su preocupación por la forma en que se estaría utilizando el espacio público. De acuerdo con sus declaraciones, la instalación de palcos restringe el acceso libre a plazas y parques, que históricamente han sido escenarios abiertos de encuentro comunitario. Esta medida, dijo, contradice la esencia cultural de las fiestas que buscan fortalecer la identidad y la tradición de Mariquita.
Ante la situación, Sánchez anunció que llevará el caso ante los entes de control competentes. Su objetivo es que se investigue si hubo irregularidades en el proceso contractual y si se están vulnerando los derechos de los ciudadanos al acceso libre a la cultura y al disfrute del espacio público.
Mientras tanto, el debate se traslada a las calles del municipio, donde la comunidad se muestra dividida. Para algunos, el cobro por ingreso a conciertos y palcos puede contribuir al financiamiento de eventos de mayor calidad. Sin embargo, otros consideran que las celebraciones pierden su carácter popular y terminan beneficiando únicamente a quienes tienen capacidad económica.
La polémica sobre las fiestas de Mariquita deja en el aire una pregunta que refleja el sentir ciudadano: ¿se trata de unas celebraciones concebidas para el disfrute de todo el pueblo, o se están convirtiendo en un espectáculo al que solo acceden quienes pueden pagar? El desenlace de esta discusión dependerá de las acciones de control que determinen si hubo o no irregularidades en la organización de los eventos.
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