Durante un debate de control político, los concejales Jorge Bolívar y Arturo Castillo revelaron preocupantes fallas en la ejecución presupuestal de obras viales. Alertaron sobre posibles irregularidades contractuales en el IBAL y el SETP que afectarían gravemente la movilidad y el desarrollo urbano de la capital tolimense.
La administración de Ibagué quedó en el centro de las críticas luego de que los concejales Jorge Bolívar y Arturo Castillo expusieran alarmantes cifras sobre la baja ejecución de recursos públicos destinados a infraestructura vial. En el más reciente debate de control político, ambos cabildantes advirtieron sobre una gestión deficiente que pone en riesgo la movilidad de la ciudad.
De los $20.000 millones presupuestados para pavimentación en 2024, la Secretaría de Infraestructura solo habría ejecutado $3.800 millones. “Los huecos no se tapan con excusas. Esta es una cifra irrisoria frente al estado crítico de nuestras vías. Estamos en pleno colapso vial”, señaló Bolívar con tono enérgico.
El concejal también denunció posibles irregularidades en el contrato de $5.000 millones firmado por el IBAL para el programa ‘combo 3×1’. Mientras la administración asegura un avance del 40 %, en la plataforma SECOP el contrato aparece suspendido y sin reportes de ejecución, generando dudas sobre su verdadera gestión.
En lo referente al SETP, Bolívar se refirió al contrato de semaforización por más de $8.000 millones, cuyo interventor ya recomendó liquidar por incumplimientos del contratista. “La administración insiste en sostener un contrato muerto. Eso solo retrasa la modernización del sistema semafórico de la ciudad”, advirtió.
Por su parte, Arturo Castillo cuestionó la opacidad con que se manejan estos procesos. “Los avances no están publicados en SECOP. ¿Cómo ejercer control sin acceso a la información? Eso atenta contra la transparencia”, dijo el cabildante, quien pidió rendición de cuentas y mayor claridad en la ejecución de obras.
Ambos concejales coincidieron en que los recursos públicos están siendo desviados hacia gastos administrativos y actividades que no solucionan los problemas estructurales de la ciudad. “Se está gastando en pan y circo, mientras la ciudadanía sigue esperando obras prometidas”, sentenció Bolívar.
Castillo fue enfático en pedir sanciones contra contratistas incumplidos y el uso de la figura de caducidad contractual. “No podemos seguir permitiendo que empresas que fallan regresen con nuevos nombres. Necesitamos resultados, no excusas”, puntualizó.
Ante este panorama, los cabildantes exigieron a la administración de Johana Aranda adoptar acciones urgentes que garanticen avances visibles antes de terminar el año. Señalaron que está en juego la confianza de los ciudadanos en la gestión municipal.
Finalmente, propusieron que los congresistas del Tolima impulsen una reforma a la Ley de Contratación Pública que cierre el paso a empresas con antecedentes de incumplimiento. Según dijeron, este sería un paso crucial para garantizar eficiencia, legalidad y transparencia en las inversiones públicas.
La ciudadanía, por su parte, sigue a la espera de que los anuncios se conviertan en acciones concretas que mejoren la infraestructura urbana y la calidad de vida de los ibaguereños, y no en nuevas promesas incumplidas que terminen sepultadas entre la burocracia y la desidia.
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